Fiscalidad
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Begoña Barba - Madrid - 19/12/2007
La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central marca un precedente para el resto de sentencias y resoluciones sobre un centenar de Sicav sancionadas. En el fondo de la cuestión está la fiscalidad de la que gozan, equivalente a la de los fondos de inversión y que les permite tributar las plusvalías al 1% en el Impuesto de Sociedades.
Muchas de estas sociedades se valen de esta fiscalidad para canalizar la inversión de grandes fortunas. En la Sicav afectada por la sentencia un accionista controlaba el 99% de los títulos, quedando el resto en manos de minoritarios cuya participación permitía a la Sicav alcanzar el límite legal de los 100 accionistas para poder disfrutar de la tributación preferente.
Sin embargo, la resolución del TEAC establece que sólo la CNMV puede decidir si una sociedad cumple con los requisitos para poder tributar al 1%, después de que Hacienda hubiese levantado una inspección por elevada concentración de capital. Así, anula la liquidación tributaria del acta de inspección, correspondiente al impuesto de sociedades de 2000, y confirma la sentencia emitida en primavera por el tribunal regional de Canarias.
Esta sociedad fue una de las investigadas por Hacienda entre 2003 y 2005. Casi todas las que recibieron actas de inspección, entre dos y tres centenares, recurrieron a la justicia. En 2005, un cambio legal revalidó el papel de la CNMV como garante de los requisitos para considerar a una sociedad vehículo de inversión colectiva.
Para crear jurisprudencia sería necesario otro fallo de un nuevo vocal del Tribunal Económico Administrativo Central. De momento, esta resolución ya ha sido enviada por conducto oficial a los tribunales económico administrativos regionales, según han confirmado a CincoDías fuentes judiciales. La resolución, además, resalta la inseguridad jurídica que se introduciría en los mercados financieros si los requisitos originales previstos en la Ley de Mercado de Valores pudieran ser revisados por la Administración tributaria. Asimismo, refrenda la tesis mantenida por Inverco, patronal del sector.
La Organización de Inspectores de Hacienda pedirá a la Administración que recurra esta resolución, según declaraciones efectuadas por su presidente, José María Peláez, a este periódico. Para los inspectores, que la resolución reconozca 'la existencia de testaferros, empleados del banco que ejecutaban órdenes de compra y venta, supone un grave precedente. ... Este reconocimiento abre la puerta a que se puedan utilizar en otros fraudes fiscales más graves e incluso en casos de corrupción', asegura José María Peláez.
Peláez se refiere a los accionistas de las Sicav cuyo fin es permitir que la sociedad alcance el mínimo legal de 100 accionistas mientras un primer accionista controlaba, de hecho, la sociedad. Estas 99 personas, normalmente empleados del banco que gestiona la Sicav, eran conocidos como mariachis.
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