Ordóñez critica que la reforma de las cajas no se hiciera en años de bonanza

La reforma de la gobernanza de las cajas de ahorros y su sometimiento a la transparencia y disciplina del mercado se debería haber acometido antes, en los buenos tiempos y no en medio de la crisis", reclamó ayer el gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Despejaba así los balones que le han ido lanzando con motivo de la reestructuración financiera emitiendo una dura crítica a los Gobiernos de los últimos años, a quienes acusó de no actuar "durante los años de expansión" y de "ignorar los problemas que acabarían surgiendo por acumular desequilibrios".

Ordóñez, que participaba en el XVIII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación, SAP y Abc, defendió el modelo de reordenación que ha impulsado. Un esquema que obligó a provisionar fuertemente los activos de riesgo antes de iniciar la capitalización, si bien ha dejado con el pie cambiado a algunas entidades que han reivindicado un orden inverso, al estilo anglosajón. "Hubiera sido un error" y un "malgasto" de los fondos públicos, respondió el gobernador. "La tarea aquí no era recapitalizar" los gigantes de la banca, sino "obligar a reestructurarse y sanear unas instituciones pequeñas y medianas", dijo en referencia a las cajas de ahorro, que "habían prestado en exceso al sector inmobiliario".

Los primeros espadas del sector financiero español que asistieron ayer a este foro apoyaron la necesidad de la reforma y, en algunos casos, defendieron el modelo específico de Ordóñez. "Estoy de acuerdo con el gobernador, si hubiéramos inyectado capital público muy al principio, aún se hubiera retrasado más la reestructuración", apuntó Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB).

La reordenación de las cajas también fue respaldada por el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, quien señaló que el sector se encuentra en un "punto de inflexión" donde el éxito queda condicionado "a que se haga un ejercicio riguroso de transparencia, de reconocimiento de pérdidas y de recapitalización de las entidades". Llegado a este punto, Sáenz reclamó que la entrada de inversores en cajas se haga "a precio de mercado" y "principalmente con fondos privados, dejando el dinero público como último recurso". La excesiva intervención del Estado, argumentó, podría volver a poner en jaque el perfil de riesgo país. "Y no podemos arriesgarnos a hacer nada que dañe el bono español porque esto condiciona la financiación de todo el sector", añadió.

En concreto, 12 entidades necesitarían una inyección adicional -que el supervisor tasó en 15.152 millones de euros- para llegar a los requisitos de capital impuestos. La oposición a las inyecciones del FROB también fue secundada por Miguel Martín, presidente de la AEB, que sostuvo que "la capitalización pública" de las cajas "incrementa el peligro de transformar en deuda pública la deuda privada y demorar la reestructuración".

Ordóñez señaló como preferible una solución privada para entidades como Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en situación crítica desde su separación del resto de integrantes de Banco Base.

Otros solicitaron también que la reforma se agilice para evitar el efecto contagio. "Es vital que la reestructuración de las cajas concluya ya, porque la indefinición genera tensión a los mercados y se plasma en una posición de nerviosismo sobre los bancos comerciales que se encuentran lejos de estar en la posición de las entidades que necesitan capital las cajas", destacó el presidente de Banco Popular, Ángel Ron.

Varios ponentes de las jornadas indicaron que la reorganización financiera es clave para la recuperación económica del país. Juan María Nin, director general de La Caixa, tuvo palabras para la esperanza al afirmar que "la experiencia muestra que en España el sector financiero por sí mismo, con el regulador, el Gobierno o con quien sea, siempre ha resuelto bien sus temas pendientes".