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A través del FROB

El Estado baraja nombrar solo a un consejero en algunas cajas de ahorros

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), estudia nombrar solamente a un consejero en algunas de las cajas de ahorros en las que inyecte dinero público para reforzar su capital, según informaron ayer a Efe distintas fuentes financieras. No obstante, en aquellas entidades en las que opte por esta opción mantendrá los derechos de voto correspondientes al porcentaje de capital que controle. En las cajas de ahorros en las que la aportación de fondos le otorgue el control de la mayoría, el Estado tendrá más de un vocal, según las mismas fuentes financieras citadas.

El tope máximo para que los planes de recapitalización se hayan ejecutado es el 30 de septiembre, aunque fuentes del sector aseguran que el Banco de España intentará acelerar el proceso. Las cajas que tengan previsto salir a Bolsa -Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y el nuevo SIP de Cajastur- pueden conseguir una prórroga hasta marzo de 2012.

Cuatro cajas recurrirán al FROB. La CAM prevé acudir al FROB para cubrir en su totalidad los 2.800 millones de euros que necesita para alcanzar un core capital del 10%, a no ser que encontrara antes un socio privado. Novacaixagalicia, que necesita 2.622 millones, ha presentado una fórmula mixta: acudir a las ayudas públicas, pero al mismo tiempo poner en marcha un plan para captar entre 650 y 1.000 millones de capital privado. Unnim tiene unas necesidades de 568 millones, que se reducirían a 368 millones gracias a una suscripción de preferentes por 200 millones por el propio FROB. También estudia fusiones. Catalunya Caixa ha optado por la vía estatal para cubrir los 1.718 millones que precisa, aunque estudia si la ayuda vendrá por la vía de compra de preferentes o mediante inyecciones de capital.

El cambio de los órganos de gobierno

Además de la entrada temporal del Estado en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, los consejos de estas entidades sufrirán una notable modificación en los próximos meses. La nueva legislación obliga a estas entidades a reducir el número de miembros hasta un máximo de 15, así como a incorporar a consejeros independientes. También tendrán que dar salida a aquellos consejeros que sean cargos electos. Todo ello busca eliminar la presencia de los políticos en los órganos de gobierno de las entidades de ahorro, algo que ha sido duramente criticado.

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