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La Ley de Protección de Datos española establece el régimen sancionador más gravoso de Europa. Según un informe, elaborado por las cámaras de comercio, en el que se compara la ley española con el resto de legislaciones europeas, las diferencias existentes entre las multas pueden perjudicar la competitividad de las empresas españolas.

El texto sostiene que la dureza de la legislación española puede incitar a los empresarios a trasladar su centro de negocios a otros Estados europeos que establecen menores sanciones y cuyas legislaciones no son tan estrictas.

Según el estudio, con respecto a la obligación impuesta a las empresas por la ley española de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales estableciendo las oportunas medidas de seguridad, 'nuestro país tiene una de las legislaciones más exigentes'.

Sanciones

Por lo que respecta al régimen sancionador, el informe señala que algunas normas recogen sanciones pecuniarias, como las que aplican Reino Unido, Dinamarca o Finlandia, mientras que otros Estados no determinan exactamente las sanciones.

Para las cámaras, las sanciones y penas previstas por la legislación española en materia de protección de datos son de las más elevadas, 'sirva como ejemplo Irlanda (las sanciones son inferiores a 1.300 euros) o Alemania'. En España las sanciones en este ámbito pueden alcanzar un máximo de 600.000 euros.

Las cámaras de comercio consideran necesario cambiar el actual sistema de financiación de la Agencia de Protección de Datos, 'órgano que vela por el cumplimiento de la legislación en esta materia'.

Para la red cameral, el Gobierno debería aprobar una partida presupuestaria al efecto, 'siendo desaconsejable la continuidad del actual sistema de financiación, que se realiza a través de las sanciones que la agencia impone a las empresas, las más altas de Europa'.