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Un total de 1.400.000 certificados anuales para ayudas de movilidad a estudiantes, 1.140.000 para adquisición de libros y material, 1.100.000 para la gestión de la prestación por desempleo, 697.000 para suscripción de seguros agrarios... Éstos son sólo algunos ejemplos de los cinco millones de certificados anuales que a partir del lunes dejarán de emitir Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social. Una medida que el Gobierno prevé aprobar hoy en el Consejo de Ministros y que liberará a millones de ciudadanos y empresas de la necesidad de hacer colas para solicitar los documentos necesarios para cualquier trámite administrativo.

Así, la reforma impedirá a la Administración solicitar cualquier certificado que ya tenga en su poder y obligará a los organismos públicos a remitirse esa información a través de medios telemáticos internos. En pocas palabras, la idea es lograr que sea el funcionario, y no el particular, el que solicite el dato que ya posee la Administración.

Según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), a esos cinco millones de certificados (el 80% del total) que se eliminarán la próxima semana, se sumará un último millón el año que viene, correspondiente a los documentos emitidos por los registros civiles. Actualmente, los registradores civiles tramitan un total de 400.000 certificados anuales de últimas voluntades, 250.000 de defunción, 40.000 de matrimonio y 320.000 de nacimiento.

El real decreto que aprobará el Gobierno afectará a cerca de 500 trámites administrativos, de los cuales 378 se refieren a la solicitud de ayudas y 121 a la de prestaciones sociales.

Entre las ayudas para las que no hará falta aportar certificados figuran, entre otras, los apoyos estructurales para el sector pesquero en facetas como la construcción y modernización de buques; el fomento de la acuicultura o los equipamientos pesqueros; las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo en las zonas mineras; las ayudas a la cinematografía y las ayudas asistenciales a los emigrantes que retornan.

Además de la supresión de los documentos en papel, la norma que aprobará el Gobierno prevé a largo plazo la posibilidad de presentar solicitudes a la Administración todos los días del año las 24 horas del día y la aportación a cada ciudadano de una dirección de correo electrónico única en la que se efectuarán las notificaciones de la Administración del Estado y de sus organismos públicos.

Comunidades autónomas

Según el MAP, el Ejecutivo está trabajando también para extender la supresión de los documentos en papel a otros ámbitos, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en los que se requiere con frecuencia a los particulares y las empresas este tipo de documentación y que emiten alrededor de 1.500.000 certificados anuales.

El Ministerio de Administraciones Públicas considera la supresión del papeleo como uno de los objetivos prioritarios dentro de su política de simplificación administrativa y un requisito imprescindible para facilitar la actividad económica y potenciar la generación de empleo, pese a que no ha incluido información sobre el ahorro que supondrá la medida.