El Ejecutivo de la UE cree que las legislaciones nacionales sobre facturación del IVA son "demasiado complicadas y dispares", lo que genera una carga administrativa innecesaria a las compañías que operan en más de un país y facilita, además, el fraude.

Para poner freno a esos problemas, Bruselas propuso hoy simplificar, modernizar y armonizar las normas sobre el citado tributo y, más en concreto, equiparar la validez de la factura electrónica a la presentada en papel.

En la propuesta legislativa que ahora remitirá a los estados miembros (que deben aprobarla por unanimidad) y al Parlamento, la Comisión elimina algunos de los requisitos previos (como la firma electrónica) que desincentivan su uso y permite el almacenamiento electrónico de facturas aunque el formato original sea papel.

Para facilitar las tareas contables a las empresas que operan en varios estados miembros y permitirles centralizar la facturación, Bruselas suprime las numerosas opciones que la legislación da ahora a los países.

También extiende la posibilidad de utilizar la factura simplificada, a las operaciones hasta 200 euros y a las ventas directas al consumidor.

En cuanto a la lucha contra el fraude, el Ejecutivo comunitario señala que, al obligar a las empresas transfronterizas a notificar las transacciones en el mismo mes en que efectúan el suministro, se impedirá incluir la factura en un periodo de pago posterior.

Asimismo, la Comisión propone endurecer las reglas sobre deducciones, para las que será necesario la presentación de una factura válida.