"El usuario pagará por el mantenimiento de las autovías"

Funcionario de carrera, Rafael Catalá (Madrid, 1961) ha vuelto al Gobierno como secretario de Estado de Infraestructuras. Anteriormente lo fue de Justicia, en la época de José María Aznar. Licenciado en Derecho, tiene un currículum bien variado, desde gerente de hospital, subsecretario de Hacienda o consejero de la empresa de juego Codere hasta profesor de Administración Pública en Esade.

Agrupa, como número dos de Fomento, todas las áreas del departamento: infraestructuras, transporte y vivienda. Aunque le ha tocado serlo en un momento en que este ministerio ya no es el más agradecido, el que reparte obras y corta cintas de inauguraciones. En la actualidad toca controlar las inversiones públicas. Encima de su mesa tiene varios temas candentes: la posibilidad de incluir peajes en las autovías, el salvamento de las concesionarias de autopistas con créditos públicos hasta 2021, el ritmo de inversiones en ferrocarriles o qué hacer con los aeropuertos deficitarios. Todo esto con el sempiterno control del déficit.

¿Cuáles son las prioridades del Gobierno en inversión pública en infraestructuras?

El Gobierno tiene identificado el sector de las infraestructuras como uno de los factores estratégicos que puede contribuir de forma importante al crecimiento económico y a la creación de empleo. En ese sentido, en los Presupuestos son prioritarias las infraestructuras del transporte asociadas con la economía, como las mercancías, los puertos o el transporte aéreo vinculado al turismo. Es evidente que en este momento la política económica es de consolidación fiscal y de control del déficit. Hemos tenido un ajuste en las dotaciones presupuestarias, pero aun así hemos mantenido un volumen de 20.000 millones de euros que gestiona el grupo Fomento.

¿Habrá recortes adicionales en 2013 en su cartera?

No está fijado todavía el techo de gasto. Estamos a la espera. Pero tenemos que bajar del 5,8% al 3% de déficit, esa es la referencia

¿Dónde se puede recortar más en inversiones públicas?

Tenemos una gran dotación de infraestructuras en España. Hay que hacer un balance optimista. Si no queda más remedio, podríamos hacer un esfuerzo de ralentizar la inversión si es lo que manda la situación económica del país. Estamos trabajando en un plan de 2012 a 2024, con inversiones a medio plazo para no tener que estar pendientes de lo presupuestado cada año.

Lo que sucede es que la infraestructura ha sido un motor de la economía y ahora no lo va a ser, con grandes empresas detrás y mucho empleo.

No hay en absoluto un abandono. Sabemos que hay un retorno de cada inversión hacia el sector público. Habrá un mantenimiento de las infraestructuras, que, ya de por sí, requieren inversiones. Y luego nos quedan cosas por hacer: cerrar algún mallado de carreteras pendiente, la alta velocidad, la puesta en marcha del corredor Mediterráneo o el tráfico de mercancías con el ancho para conectarlo con Europa.

¿Qué puede adelantar del plan de infraestructuras que prepara?

Nuestro compromiso es llevarlo a finales del mes de julio al Consejo de Ministros con un enfoque a 12 años, que nos permite trabajar no solamente pensando en el Presupuesto de 2013.

¿Qué papel va a jugar el sector privado en el plan?

Por una parte, como socios y corresponsables, porque las obras las ejecutan las empresas. Pero hay un segundo enfoque, el de cofinanciadores. Nosotros creemos firmemente en la colaboración público-privada como forma de financiar las infraestructuras. Un modelo que no signifique dejar de pagar hoy lo que pagaré en los años próximos, eso es hacernos trampas en el solitario. Creemos mucho más en el modelo en el que la infraestructura tiene una vida larga y por tanto que esa infraestructura sea pagada por aquellos que la van a utilizar, no por los que pagan impuestos. Estamos trabajando en modelos de pago por uso, asociado, por ejemplo, con el tráfico de mercancías en los puertos, también en algunas carreteras. Es verdad que las radiales de Madrid han tenido problemas, aunque asociadas a los sobrecostes o las previsiones, además de que actualmente tenemos un tráfico muy deprimido.

¿Para cuándo introducirá el Gobierno peajes en las autovías?

Como Ministerio de Fomento, nuestra obligación es estudiar modelos. Estamos estudiando los peajes para someterlo al Gobierno y que lo valore. No solo con un análisis técnico, sino político, económico, de rentabilidad social, de oportunidad, para que pueda tomar la decisión que corresponda.

¿Para qué tipo de autovías?

Implica estudiar todas las consecuencias del pago en las autovías, porque si lo hacemos en una red viaria de alta capacidad, pero no en toda, puede generar un efecto de orientación del tráfico a otras vías que no tienen peaje.

El usuario tendrá que acostumbrarse a pagar.

Una infraestructura que se pone en marcha no es tan compleja asociarla con un pago. Pagar por lo que ya tenemos genera una resistencia. El Gobierno tiene que valorar ese impacto.

¿Hay una fecha?

No hay fecha. Hay que tener analizadas todas las consecuencias jurídicas, políticas, sociales, económicas, de seguridad vial...

Y electorales. No parece una medida muy popular.

Electorales también. Seguro que no es muy popular si no se hace primero una labor de comunicación de por qué se toman esas medidas para la sostenibilidad de unos servicios públicos de calidad.

El problema es que el momento es complicado y el usuario repagará obras que ya costeó vía impuestos.

No vamos a pagar por la autovía, vamos a pagar por el mantenimiento, por su garantía de calidad.

¿Qué solución va a dar el Gobierno para las concesionarias de autopistas que están casi en quiebra?

Es un tema muy complejo. Estamos en un modelo que nació con problemas en su propia génesis. Las empresas que concursaron en las radiales emularon unos modelos de negocio que no funcionaron. Tenemos que dar soluciones entre todos, no solo el Gobierno. En un Estado de economía de mercado no tiene sentido pensar que si no va bien mi negocio, qué solución me da el Gobierno. Al Ejecutivo le interesa que los modelos concesionales en España funcionen bien, porque será una garantía de que seguirán viniendo inversores en el futuro para el sistema de colaboración público-privada. El Gobierno está ayudando a sostener esas concesiones con préstamos participativos y hay riesgos de que si estas empresas quiebran, algunos de estos créditos no se recuperen.

¿La alternativa es que quiebren?

Ojalá que no. Pero hay una ley concursal y la autopista seguiría abierta. En última instancia, por un valor que se fijó en el contrato, la Administración puede quedarse con la infraestructura, pero no es el modelo deseable. Que haya un rescate final de las autopistas en quiebra sería un fracaso de todos. Tal vez el socio financiero tiene que asumir una quita, el operador alguna responsabilidad y el socio constructor también.

Pero el Ejecutivo regional de Madrid vuelve a presentar la Radial 1 de pago. ¿No teme que se vuelva a caer en el mismo error?

El Tribunal Supremo dejó claro que la R1 es una responsabilidad de Fomento y no de la comunidad. Si se hace la R1, la hará el ministerio y no la región de Madrid. Es uno de esos proyectos que debería ser objeto de estudio para la colaboración público-privada, ver si tiene sentido, si tiene flujo de tráfico suficiente y rentabilidad. Hemos aprendido del pasado.

Y es que el modelo de las radiales ha sido un fracaso. Es muy riesgoso.

Si lo analizamos con los flujos de tráfico de hoy, tal vez no tiene mucho sentido, pero ahí están los inversores para decidirlo a 20 o 25 años.

¿Qué va a hacer el Gobierno con los aeropuertos que no son rentables e incluso no tienen aviones?

Dentro de la red de Aena hay algunos que no son rentables. Bien es verdad que son los más pequeños. Aun así, pensamos que hay que hacer un esfuerzo importante de revisión de toda la estructura de gastos. En los próximos días vamos a presentar un plan de actuación para 17 aeropuertos pequeños con la reducción de los horarios operativos, que tienen los gastos mal dimensionados. A los aeropuertos sin vuelos, que no pertenecen a la red de Aena, tenemos la voluntad de ayudarlos, al de Castellón o al de Murcia, colaboraremos con las autoridades implicadas.