Sin papeles, sin tarjeta sanitaria

Si la mejor manera que han encontrado de cuadrar el presupuesto sanitario es excluir del sistema público a un grupo de personas, ¿cuál será el siguiente colectivo si la crisis persiste? ¿El más débil?¿El que genera más gastos? La pregunta es de Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo en España. , es una muestra del sentimiento de indignación causado por el cierre de la sanidad a los inmigrantes irregulares.

La polémica empezó el 20 de abril, cuando el Gobierno decretó una serie de medidas urgentes con el objetivo de ahorrar más de 7.000 millones en gasto sanitario. Una de ellas ha sido el cambio de los requisitos de acceso al Sistema Nacional de Salud. Anteriormente, la única condición para recibir atención primaria en los hospitales públicos era estar empadronado en el municipio de residencia. Ahora, en cambio, hace falta estar afiliado a la Seguridad Social, ya sea como trabajador, pensionista o desempleado.

En el caso de los extranjeros, la norma establece que serán atendidos siempre que acrediten que no tienen ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria por otra vía, y que son ciudadanos de algún Estado miembro de la UE o, en su defecto, titulares de una autorización de residencia. Este último requisito es el que ha dejado fuera del sistema a los inmigrantes en situación irregular. "Esto no es nuevo para los inmigrantes africanossaharauis porque la mayoría de ellos no tiene papeles y tampoco está empadronado, que era la vía de entrada masiva al sistema", comenta Antonio Díaz, director de la asociación Karibu, que atiende a este colectivo. Aun así, los centros se mostraban flexibles y los atendían. Pero al endurecerse la ley, "el problema alcanza una dimensión mucho más amplia y afecta a todos los inmigrantes", añade.

La medida afectará al menos a 150.000 personas que solo podrán ser atendidas en casos de accidente o enfermedad grave. Sin embargo, si después necesitasen tratamiento para su recuperación, deberán pagar por él. "La única puerta que se ha dejado abierta es la de urgencias, pero si mañana el paciente debe pasar a su médico de cabecera, ¿cómo lo derivas si no lo tiene?", se pregunta Díaz.

Si bien la norma hace una excepción con las mujeres embarazadas y los menores de 18 años, a los que se seguirá atendiendo como siempre,lo cierto es que con esta reforma España ha retrocedido 26 años en conquistas sociales, ya que desde 1986 la asistencia sanitaria pública era un derecho universal de todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad. En virtud de este principio, la Ley de Extranjería de 2000 estableció que cualquier inmigrante podía obtener la tarjeta sanitaria con solo estar empadronado.

"El decreto convierte lo que era un derecho ciudadano en una prestación de asegurado", sostiene González, de Médicos del Mundo. "Esto es contrario al derecho internacional y a la Constitución, e irresponsable desde el punto de vista de la salud pública, porque las enfermedades no entienden de segregación", afirma. . Además, está comprobado que poner barreras de acceso a la atención primaria acaba generando más gastos por hospitalización y visitas a urgencias", afirma.

Joan Barrubés, director de políticas y servicios sanitarios de la consultora Antares, advierte de que con esta reforma "no queda cobertura legal" para los inmigrantes sin papeles porque con ella se ha pasado de un modelo en el que la asistencia sanitaria estaba ligada a la mera condición de residente a otro basado en la condición de trabajadorcotizante.

El experto sostiene que este cambio plantea un dilema ético para médicos y personal de enfermería. "Algunos profesionales de la saludvan a hacer objeción de conciencia", , como lo hacen cuando se niegan a practicar un aborto, y seguirán atendiendo a los colectivos excluidos, con lo cual tenemos un problema de eficacia de la ley",explica. De hecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha creado un registro de objetores de conciencia,en el que al cierre de este reportaje se habíanse han inscrito ya 2.152 facultativos. "Tenemos la obligación ética y humanitaria de atender y hacer seguimiento a nuestros pacientes. No los podemos abandonar así porque sí", argumenta Josep Basora, presidente de Semfyc.

Ante las críticas, el Gobierno aprobó en agosto la posibilidad de que las personas que no cumplan la condición de asegurado puedan contratar un seguro, -convenio especial en el eufemismo legal-,que les permitiría recibir asistencia sanitariaa cambio de l pago de59,20 euros mensuales si son menores de 65 años y 155,40 si son mayores de 65. Para Díaz, la idea parece una broma. "Estamos hablando de personas que llegaron al país con lo puesto, a bordo de una patera, que se alimentan en comedores sociales y se trasladan a pie porque no tienen un euro para el billete de metro".

"Hay cosas que son obvias", dice Barrubés. "Si la persona no tiene papeles ni trabajo, ¿cómo va a pagar 710 euros anuales? A menos que trabaje en negro", . Pero en ese caso, el problema, entonces, no es la asistencia sanitaria, sino la disfunción del mercado laboral. No mezclemos las cosas",añade.

La póliza propuesta por el Gobierno no solo es más cara que muchos seguros privados, sino que tampoco cubre medicamentos, transporte sanitario, prótesis ni sillas de ruedas. "Esperábamos que se permitiese al menos el acceso gratuito a medicamentos para enfermedades de larga duración como sida o diabetes, pero en lugar de eso, se ha dejado al inmigrante en la desprotección total", se queja Díaz.

El decreto entró en vigor el 1 de septiembre pasado, pero no todas las comunidades lo han acatado a rajatabla. Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares, Cantabria y La Rioja —además de Ceuta y Melilla— no negarán la asistencia, pero luego emitirán una factura al inmigrante o a su país de origen en caso de que exista con este un convenio bilateral de seguridad social. Los países que tienen suscrito este acuerdo son Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez.

Las demás han decidido incumplir el decreto, pero con algunas diferencias. Asturias, País Vasco y Andalucía seguirán atendiendo a todo el mundo sin condiciones. Canarias, Valencia y Castilla y León cobrarán por el servicio a menos que el paciente demuestre que no tiene ingresos. En Galicia, la persona deberá llevar seis meses empadronada y acreditar la falta de recursos. Navarra pide lo mismo, aunque allí el periodo de empadronamiento exigido es mayor: un año. En Cataluña, en cambio, bastan tres meses de residencia.

Los pacientes con enfermedades de larga duración que tengan expedientes abiertos antes del 1 de septiembre seguirán siendo atendidos en todas las comunidades, aunque los médicos desconocen si mantendrán el acceso a los medicamentos, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PPEl Gobierno argumenta que la medida es necesaria para garantizar el futuro de un sistema que acumula una deuda de 16.000 millones de euros. Pero Barrubés afirma que el impacto fiscal será marginal porque la mayoría de inmigrantes son adultos de entre 20 y 50 años, una edad en la que el gasto sanitario per capita es bajo, a diferencia de lo que ocurre en los primeros años de vida y en los últimos.

Por el contrario, advierte que a largo plazo el coste puede terminar resultando mayor que el beneficio porque, al no disponer de la cobertura básica, el inmigrante se abstendrá de ir al médico y una enfermedad que empezó siendo leve podría acabar siendo grave por la falta de tratamiento en el momento oportuno.

"Si el objetivo es mejorar el uso de los recursos públicos, hay muchas otras cosas más lógicas que se pueden hacer. Hace dos años publicamos un informe en el que proponíamos 10 medidas concretas cuyo impacto cuantificábamos. Y entre ellas no está esta", señala el experto de Antares.

En aquel informe, la consultora sugería incrementar progresivamente la jornada anual del sector en una media de dos horas, aumentar el copago por medicamentos, pasar de un modelo basado en la atención del enfermo grave a otro basado en la atención del paciente crónico, invertir en la prevención de enfermedades como ictus, cáncer, diabetes y obesidad, entre otras medidas que, en conjunto, ahorrarían al Estado 9.872 millones de euros, el 15% del gasto sanitario. [CUADRADO][/CUADRADO]

El Gobierno argumenta también que cambiar la condición de asegurado era preciso para evitar que turistas europeos vengan a realizarse operaciones que en sus países cuestan un dineral, pero aquí son gratuitas. Según el Tribunal de Cuentas, el turismo sanitario está ocasionando al sistema 1.000 millones de euros en gasto no facturado.

Sin embargo, González advierte que se están confundiendo dos colectivos diferentes. "El inmigrante no viene a España para tratarse de una enfermedad sino en busca de mejores oportunidades. El turista sanitario, en cambio, es por lo general europeo y una persona mayor que viene directamente a solucionar un problema de salud. La cuestión está en cómo gestionar el cobro de ese servicio y el decreto no resuelve ese tema", precisa.

En el mismo sentido, Díaz sostiene que no es justo que para impedir que un turista se aproveche de la "negligencia" del Gobierno español, se deje sin cobertura a un inmigrante que no tiene papeles. "En la vida hay otros valores además de los económicos. Todas las personas tienen derecho a una atención médica digna al margen de su condición social".