Lejos de un acuerdo para acabar con la deuda

Tras el 22-M, la iniciativa autonómica va a recaer casi exclusivamente en el PP. Y una de sus primeras tareas será cómo enfrentarse a la deuda sanitaria. Sin embargo, no parece sencillo que Gobierno y comunidades lleguen a una estrategia común. Las distancias entre unos y otros se han acrecentado como nunca después de que fracasara el intento de un pacto sanitario propuesto por el exministro socialista Bernat Soria.

Al primer consejo interterritorial faltaron los consejeros del PP. El Ministerio de Sanidad espera la constitución de los nuevos Ejecutivos regionales para convocarles antes del mes de agosto. Pero no está claro que se hable de la deuda sanitaria. "Las competencias de la sanidad corresponden a las comunidades autónomas. Ellas son las responsables de cómo gastan, si prefieren construir un pabellón ferial mastodóntico o gastarlo en políticas culturales. La deuda no es mía. ¿El Gobierno tiene que pagar cuando no tiene nada que ver con la deuda?", reflexiona José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad.

"Llevamos años pidiendo al ministerio que convoque un consejo para hablar de financiación, pero no nos han hecho caso", se queja Ana Pastor, responsable de política social del PP. Mientras, los proveedores sanitarios son los que acarrean con el coste.

La patronal Farmaindustria sitúa, a 31 de marzo, en 5.191 millones la deuda que tienen las comunidades con las farmacéuticas. A eso habría que sumar los 4.300 millones en facturas sin cobrar de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Diferentes agentes sociales sitúan el déficit en la sanidad entre 7.000 y 12.000 millones de euros. "Es una deuda reconocida por las comunidades, pero no financiada por ellas. Son las empresas las que al no cobrar nos hacemos cargo", denuncia Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria. Este directivo reconoce que siempre ha habido un retraso en el pago de las facturas, pero que el problema se agrava porque las entidades financieras han cerrado el grifo para adelantar el dinero adeudado. Unos compromisos a las que Fenin ya ha llegado con Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.

Por ello, la patronal avanza que está buscando soluciones para llegar a acuerdos a tres bandas, con comunidades y bancos, para refinanciar las cargas. Así, el débito pasaría a las entidades financieras a cambio de aplicar algún interés a las autonomías.

El gran problema actual se basa en que las regiones gastan más (un total de 66.621 millones en 2008, el último dato disponible), pero destinan menos recursos en sus presupuestos.

"Hay que aceptar que tal como estamos ahora, no nos podemos permitir un sistema universal y gratuito. No somos una sociedad tan rica", cree Manel Peiró, vicedecano de Esade y profesor especialista en temas sanitarios. Algo de lo que discrepa radicalmente Martínez Olmos: "El sistema es muy eficiente. Ningún país ofrece estos servicios y nivel de calidad destinando solo el 6,5% del PIB. España se lo va a poder permitir".

La solución puede llegar o vía ingresos adicionales o vía reducción de gasto. Ninguna de ellas es cómoda. La Generalitat catalana (CiU) ha propuesto un recorte del 10% del presupuesto, lo que ha soliviantado a colegios profesionales y sindicatos. "Estos recortes tienen un efecto inmediato en la calidad, porque se posponen operaciones o se reducen camas. La reacción ciudadana en contra es inmediata. Se ha visto con las protestas en la calle", reconoce Olmos, quien asume que el Gobierno ha sido el único que ha pegado un tijeretazo a la inversión sin tocar la cartera de servicios.

El Ejecutivo aprobó el año pasado dos recortes en la factura farmacéutica, por valor de 2.885 millones de euros, y redujo un 5% el sueldo de los funcionarios, lo que afecta al personal de hospitales y centros de salud. En total, Sanidad estima la cifra de ahorro en 4.500 millones de euros anuales.

El profesor Peiró sí que propone algún tema más espinoso para reducir gasto: "Se pueden eliminar algunas coberturas gratuitas y, a cambio, ofrecer pólizas de seguros que las cubran".

Sin embargo, el debate está envenenado por una palabra que ningún responsable político quiere mencionar: el copago. Cuando el presidente murciano Ramón Luis Valcárcel hizo en precampaña alguna referencia a los ingresos, se encendieron todas las alarmas sobre si se refería a la instauración de un pago por el uso de los servicios sanitarios. Inmediatamente tuvo que negarlo. "Quien quiera plantear un copago, que lo diga. Nosotros no somos favorables, porque crea barreras de acceso", asegura Olmos. "Lo último que faltaba, que los pensionistas tuvieran que pagar por ir al médico", coincide Ana Pastor. Peiró sí se muestra favorable a algún tipo de copago o de tique moderador (ya se incluía en el Informe Abril de 1991), que se entregaría cada vez que se acude a la atención primaria o a urgencias. "No hay una solución única. La vía de los impuestos también podría servir de complemento", añade.

El PP se niega a hablar de una subida de impuestos para financiar la sanidad y el ministerio, aunque la ve "más justa" que el copago, entiende que no es una competencia suya, sino de las comunidades y del Ministerio de Economía.

Olmos señala que el principal problema es que la financiación de la sanidad no es finalista, cada comunidad puede destinar los recursos que crea apropiados. "Mi propuesta política es que cada euro adicional o cada euro ahorrado se destine a la sanidad. En eso es lo que se tienen que comprometer los consejeros".

"Zapatero tiene que convocar urgentemente a los presidentes para hablar de sanidad y Salgado también debe convocar el consejo político y fiscal", requiere Pastor. "El problema es de recursos, que son insuficientes porque han caído los ingresos fiscales". Pero ante las recetas que propondrán los consejeros del PP, repite una frase de forma continuada: "El problema es la política económica de Zapatero, que es el causante de la crisis".

"Hay que hacer una reflexión sobre la financiación de la sanidad y sobre cómo se aborda el pago de la deuda", urge Urzay. "España se merece un debate", coincide Olmos. "Es el momento de la reforma. Si ahora no se toman decisiones, cuando a las comunidades le llega el agua al cuello, no sé cuando se va a tomar", piensa Peiró.