El jefe del Gobierno intervino ayer para tratar de aplacar el revuelo que se ha formado alrededor de la ley antidescargas promovida por el Ministerio de Cultura apenas 36 horas después de su anuncio. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer en Bruselas que "no se va a cerrar nada, ninguna página web ni ningún blog". El presidente respondió en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, tras las protestas generadas por la posibilidad de que una comisión administrativa pudiese decidir el cierre de webs que vulneren la propiedad intelectual sin mediación judicial.

Zapatero reconoció que está dispuesto a modificar el proyecto de ley para contentar a todas las partes. "Si se ha interpretado del anteproyecto alguna posibilidad de cerrar alguno de los espacios de los sitios que está en la red, ya digo que no bajo ningún concepto". Zapatero, eso sí, eludió aclarar explícitamente la necesidad de que haya una decisión judicial. Más clara fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró que "siempre ha habido control judicial y siempre lo va a haber". Zapatero ha querido ser igual de tajante sobre la necesidad de controlar las descargas, "porque si no, nos quedaremos sin fuerza intelectual, sin creación intelectual".

Durante todo el día de ayer, la polémica por la creación de la comisión con potestad para cerrar páginas en internet llevó ayer a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a tratar de defender su postura. A las 10.30, mantuvo una primera reunión con un grupo de destacados internautas para tratar de acercar posiciones. Posteriormente, aseguraría que esta comisión "actuará e investigará a petición de la parte afectada" y si hubiera derechos fundamentales afectados lo derivaría automáticamente a un juez.

Sin embargo, sus compañeros de partido fueron discutiendo la medida a lo largo de la jornada. Primero fue la vicepresidente y ministra Economía, Elena Salgado, quien manifestó que la ley puede ser perfeccionada en el Congreso. Después, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recalcó que el cierre de páginas web deberá contar siempre con "control y autorización judicial". El malestar llegó a provocar que destacados miembros del partido montasen ayer un gabinete de crisis para estudiar la rectificación sin desautorizar a González-Sinde. Dirigentes y diputados del PSOE lamentaron ayer este episodio y calificaron en privado de "barbaridad" el contenido de la ley.

Bruselas, en todo caso, recordó ayer que España deberá notificar a la Comisión Europea la nueva legislación que salga del Congreso de los Diputados. El departamento de Sociedad de la Información de la CE recordó ayer que la norma deberá quedar en suspenso al menos durante tres meses hasta que Bruselas y el resto de países de la UE se pronuncien sobre su posible impacto, dado que afecta a un servicio que se presta a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario.

Fuentes del departamento de Sociedad de la Información, dirigido por Viviane Reding, indicaron que la comisión no dispone derecho de veto para bloquear la medida. No obstante, el Estado que decida no seguir sus indicaciones deberá justificar su decisión. El equipo de la comisaria negó en todo caso que sus recientes declaraciones en Barcelona en la que aseguró que vigilaría cualquier intento de cortar internet sin orden judicial, tuvieran relación con esta norma y aseguraron que su advertencia tuvo carácter general y preventivo, dirigido a toda Europa.