Todo estaba previsto para que esta misma semana el Ministerio de Industria remitiera a la Comisión Nacional de Energía (CNE) una propuesta de real decreto con el ajuste del sistema de primas de las energías renovables, que afecta especialmente a las plantas solares. A grandes rasgos, la propuesta afectaba a todas las instalaciones en la siguiente proporción: un 35% a la fotovoltaica; un 15% a la eólica y un 40% a la termosolar. Las primas supusieron 2.600 millones de los costes de la tarifa de acceso en 2009 y, según el regulador energético, este año podrían llegar a 2.800 millones.

Finalmente, pese a la firmeza mostrada por los responsables de Industria en sus reuniones con las asociaciones del sector (la última, el lunes), el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tomado la decisión de que no se apliquen los recortes a todas las instalaciones, sino a las que se pongan en marcha en el futuro. En otras palabras, que no se apliquen de forma retroactiva (o con la retroactividad impropia de la medida, tal como la considera el ministerio). Según fuentes próximas al Gobierno, Zapatero habría tomado esta decisión tras las presiones de los bancos y de algunas empresas, ya que buena parte de la financiación de estas inversiones está ligada a la retribución que reciben (project finance). Además, estas presiones no se han dirigido sólo al Gobierno, sino también sobre las empresas fotovoltaicas, a las que se ha amenazado con ejecutar avales bancarios, según confirman a CincoDías algunos de los inversores afectados por estas medidas.

Las propias asociaciones de renovables calculan que los préstamos de los bancos a esta industria ascienden a 15.000 millones (por lo que el recorte del 35% tendría un efecto pernicioso) y aseguran que, en el proceso, la propia Asociación Española de la Banca (AEB) ha pedido al Gobierno que cesara en su intención.

La decisión de presidencia llega después de la reunión que mantuvieron las asociaciones fotovoltaicas APPA, Asif y AEF con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el director general, Antonio Hernández, en la que se concretó el esfuerzo que solicitaba a estas empresas. Por un lado, un ahorro de carácter temporal en la tarifa (que supone una novedad en las peticiones) de unos mil millones de euros anuales en tres años (supondría un 40% respecto a las primas que las fotovoltaicas recibieron el año pasado), sin que el ministerio explicara cómo se materializaría esa reducción. Y, por otro, "un esfuerzo permanente" con un recorte de ingresos que se traduciría no en una rebaja de las primas, sino de las horas de producción con prima de las plantas. Para las empresas esto no cambia la situación, pero sí para el ministerio, que entiende que, de esta manera y desde el punto de vista jurídico, no hay peligro de retroactividad.

Pedro Marín explicó en la reunión que las plantas de estructura fija sólo podrían producir con primas 1.200 horas al año y las instalaciones con seguidor, hasta 1.644 horas. Según sus cálculos, las instalaciones fotovoltaicas generaron el año pasado durante 2.000 horas cuando la previsión era de 1.700 horas. El resto de la producción se podría vender en el libre mercado cobrando el precio del pool. Así, el ministerio consideró que no hay retroactividad porque no hay compromiso legal de garantizar unas horas determinadas de producción. Algo con lo que no están de acuerdo las afectadas, que insisten en que la prima se mantendrá durante 25 años.

A cambio de fijar un límite de horas a la producción, Industria se comprometió a no recortar las primas para las instalaciones futuras. Estaba previsto una rebaja del 45% para las plantas en suelo, un 25% para las cubiertas y un 5% para pequeñas instalaciones

Según asegura el presidente de Asif, Javier Anta, presente en la reunión, el ministro mencionó la posibilidad de sustituir toda la propuesta anterior por la de una moratoria a tres años, es decir, por la congelación de todos los proyectos en ese periodo. Para Anta, "fue una mención más retórica que práctica, dentro de un contexto de opciones a cada cual más dramática, porque tres años de moratoria le haría un daño horrible al sector y el ministerio no solucionaría su problema del impacto sobre la tarifa".

Por otra parte, la APPA, Asif y AEF, junto con otras dos asociaciones regionales, Ricam y Giwat, hicieron a Industria una nueva propuesta para acabar con la retroactividad: que los sectores del gas y el petróleo asuman parte del coste que implica el desarrollo de las energías renovables, sobre todo de las más incipientes. Para estas asociaciones, los objetivos vinculantes de la CE se refieren al porcentaje de renovables en el consumo final de energía, pero los costes del desarrollo de las renovables lo están asumiendo únicamente los consumidores de electricidad.

Por eso, "es discriminatorio interpretar que los ciudadanos son los únicos que tienen que hacer el esfuerzo económico". Y añade que "en buena lógica y con criterios de equidad, el resto de sectores energéticos -el gas y el petróleo- deben asumir la parte del coste asociado a la producción de electricidad con tecnología renovable que les corresponda".

Amenazas de la CE

El comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, también parece dispuesto a terciar a favor de las primas a la energía solar en España. Su portavoz aseguró, en declaraciones a Bloomberg, que Bruselas podría expedientar a España si la nueva norma genera demasiada incertidumbre en el sector y pone en peligro los objetivos de renovables pactados, el 20% antes de 2020.

"En general", señaló la portavoz de Oettinger, las políticas que fijan tarifas y luego las reducen generan incertidumbre y minan el objetivo de renovables de la UE".