"A golden share serve para ser utilizada quando é necessário", desafió ayer el presidente del Gobierno portugués, José Sócrates, después de que el Estado luso utilizara sus 500 acciones especiales en Portugal Telecom para votar en contra de la oferta de Telefónica por Vivo.

A pesar de la declaración de Sócrates, lo cierto es que apenas existen precedentes en el mercado comunitario de un veto gubernamental a la decisión de una junta de accionistas.

Los expedientes abiertos por la Comisión Europea durante la última década contra los llamados "derechos especiales" han sido en la inmensa mayoría de los casos contra aciones de oro en vigor nunca utilizadas (en Francia, España, Reino Unido, Dinamarca, Italia, etcétera). Algunos países, incluido España, han ejercido un veto tácito a nivel político (como el que frenó la fusión de Telefónica y KPN hace 10 años), pero sin violar directamente las normas comunitarias. Otros, como Italia, reformaron la ley de concesiones de autopistas de manera urgente para intentar frenar la entrada de una compañía española como Abertis.

Quizá el único precedente claro del caso Vivo se encuentre también en Portugal, cuando Lisboa intentó impedir que el Santander adquiriese parte del grupo financiero Champalimaud.