En un comunicado conjunto, CCOO y UGT señalan que, tras analizar la documentación presentada por Vodafone España, ambas centrales sindicales no encuentran motivos justificados para el ERE puesto en marcha por la empresa, que afectará a un máximo de 900 empleados, el 21% del total de la plantilla.
Ambos sindicatos han vuelto a rechazar el ajuste, explicando que han remitido una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que exponen las razones por las que rechazan este ERE, "cuyos fundamentos tienen más que ver con la ingeniería financiera que con una realidad empresarial adversa".
Los sindicatos explican que resulta evidente que se trata de un problema de ajuste presupuestario de la empresa que, en ningún caso, justifica la destrucción de 900 empleos.
CCOO y UGT acusan a Vodafone España de mantener "los escandalosos salarios de los directivos no afectados por el plan, y aprovechar la coyuntura para cercenar las bases de la negociación colectiva, no complementa tan traumática medida con un plan de viabilidad que haga creíble la necesidad del ajuste".
Frente a esta posición, fuentes de la compañía han rechazado que en la operadora se utilicen mecanismos de ingeniería financiera. Desde Vodafone se ha insistido de nuevo en la fuerte caída de ingresos en el conjunto del sector de las telecomunicaciones móviles en España a causa de la crisis y el deterioro de negocios tradicionales como la voz y los mensajes SMS. La empresa ha recordado que este escenario ha supuesto una pérdida de ingresos superior al 30% en los últimos cuatro años.
Asimismo, y ante las acusaciones de los sindicatos de salarios escandalosos en su cúpula, la operadora ha señalado que los paquetes retributivos del equipo directivo de Vodafone España se han reducido en los últimos cuatro años entre un 25% y un 40%.
Dentro de la disputa abierta tras la presentación del ERE, las centrales sindicales han señalado que en la primera reunión con la parte social, las ofertas presentadas por Vodafone España en la mesa de diálogo para la reducción de costes laborales contemplan medidas que van desde la supresión de beneficios sociales (ayudas a comida) hasta cambios en la jornada de trabajo (eliminación de las jornadas intensivas con la consiguiente reducción de la conciliación de la vida laboral y familiar), pasando por retoques en determinados aspectos legales (acumulación del permiso de lactancia) y procesos de externalización de actividades en varios departamentos.
