La UE avala el 'espectrazo' del móvil

En juego están 1.000 millones de euros, que el Estado español recaudó de las operadoras en 2001 por uso del espectro del móvil y que llevan en cuestión desde ese momento. Por eso, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara la legalidad de este cobro supone una muy buena noticia para el Gobierno español, porque supone que el Estado no tendrá que devolver esta cantidad a las pagadoras, como las compañías reclaman en los tribunales.

La decisión del más alto tribunal comunitario llega después de diez años de espera y a petición del Tribunal Supremo español, que en febrero del año pasado remitió una petición de decisión prejudicial a Luxemburgo. Lo hizo porque las operadoras denunciantes del pago del impuesto (que se ha bautizado con el nombre de espectrazo), con Telefónica a la cabeza, cuestionaban la legalidad de la tasa por contravenir las normas comunitarias.

En su sentencia de hoy , el Tribunal de Justicia declara que las exigencias establecidas en la directiva europea, según las cuales los gravámenes impuestos a los operadores de telecomunicaciones por la utilización de recursos escasos "deben perseguir el objetivo de garantizar el uso óptimo de dichos recursos y tener en cuenta la necesidad de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, no se oponen a una normativa nacional que impone un gravamen por el uso de radiofrecuencias a los operadores de servicios de telecomunicaciones titulares de licencias individuales sin asignar una finalidad específica a los ingresos obtenidos de ese gravamen, y que incrementa significativamente el importe del gravamen para una determinada tecnología sin modificarlo para una tecnología distinta".

El tribunal con sede en Luxemburgo no deja lugar a dudas cuando concreta que la legislación comunitaria que regula la forma en la que deben imponerse las tasas y la finalidad de estos pagos "no obliga a los Estados miembros a asignar una finalidad específica a dicho gravamen ni a utilizar de determinada manera el rendimiento del mismo".

Con estos dos párrafos, el Tribunal de la UE pone fin a las esperanzas de las cuatro operadoras con red de móvil, Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo, y a otras varias compañías que usan el espectro aunque dan telefonía fija, que en 2001 pagaron en conjunto 961 millones al Estado como resultado del espectrazo. Todavía queda la sentencia definitiva del Tribunal Supremo español, porque hay argumentos de algunas operadoras que atacan el impuesto desde la legislación española, pero la baza de Luxemburgo era la más fuerte. Telefónica fue la que más peleó por conseguir la implicación de la UE y fueron sus argumentos los que el Supremo remitió al Tribunal de Justicia comunitario. En concreto, Telefónica cuestionaba la subida injustificada de la tasa y el hecho de que no estuviera destinada a la finalidad que exige la directiva europea.

Con esta decisión termina el capítulo comunitario de un conflicto que empezó en 2001, cuando el Gobierno de Aznar y la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, fueron incapaces de resistir la presión por haber concedido las famosas licencias de UMTS en concurso y no en una subasta multimillonaria, como hicieron Alemania o Reino Unido, y decidieron compensar con subidas de impuestos lo que no recaudaron en el proceso. En 2002 se firmó la paz entre Ejecutivo y compañías y el espectrazo se rebajó sustancialmente, pero las operadoras siguieron luchando para recuperar lo pagado en 2001.

Por ahora, las empresas han tenido un éxito nulo. Desde el Tribunal Económico-Administrativo Central hasta Luxemburgo, pasando por la Audiencia Nacional, todos han rechazado sus peticiones.