El Consejo Europeo que hoy concluyó en Bruselas respaldó la propuesta de la Comisión Europea de destinar alrededor de 200.000 millones de euros (equivalentes al 1,5 por ciento del PIB comunitario) a medidas de impulso de la actividad y el empleo.
La mayor parte del dinero (170.000 millones) tendrán que aportarlo los Estados miembros, mientras que del presupuesto comunitario y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) saldrán los 30.000 millones restantes.
Los países podrán elegir las medidas concretas que prefieren aplicar para recuperar la confianza, apoyar a las empresas y fomentar la creación de puestos de trabajo.
Sin embargo, los Veintisiete citaron hoy, entre las herramientas disponibles, las bajadas de impuestos o cotizaciones sociales, las acciones de apoyo a los sectores más castigados (como el automóvil y la construcción) y las ayudas directas a las familias.
En cuanto a la aportación de la UE, los líderes decidieron, además de subir temporalmente el umbral de las subvenciones que se pueden conceder a las empresas -con especial atención a las pymes-, aplicar en las licitaciones de grandes proyectos públicos el procedimiento acelerado, también durante dos años, que reduce el plazo de concurso de 87 a 30 días.
Respaldaron, asimismo, incrementar hasta 30.000 millones de euros los créditos del BEI a las pymes hasta 2011. Estos préstamos deberán dar prioridad a proyectos de energías renovables y para el transporte limpio (poniendo el acento en el sector del automóvil).
También se mostraron favorables a acelerar los programas financiados por el Fondo de Cohesión, los Fondos estructurales o el Fondo de Desarrollo Rural, y aceptaron revisar el funcionamiento del Fondo de ajuste a la globalización, creado para facilitar la vuelta al empleo de trabajadores afectados por procesos de "deslocalización" empresarial para ampliar su margen de actuación y su agilidad.
Sin embargo, no consiguió respaldo suficiente la propuesta de la Comisión de utilizar 5.000 millones de euros, asignados en principio al capítulo agrícola y que no han sido utilizados, a mejorar las interconexiones eléctricas y de banda ancha de internet.
Varios países -entre ellos, Alemania, Holanda, Austria y Suecia, todos ellos contribuyentes netos al presupuesto de la UE, así como Polonia- rechazaron esta propuesta.
Finalmente, el texto de conclusiones se limita a apoyar "la movilización de posibilidades que permitan, en el marco del presupuesto comunitario, reforzar las inversiones" en materia energética y para el internet de alta velocidad.
Además, para calmar a países que temían que estas inversiones sólo beneficien a algunos Estados miembros, se precisa que se partirá de "proyectos concretos presentados por la Comisión teniendo en cuenta "un equilibrio geográfico adecuado".
Respecto a la posibilidad de que los países que así lo deseen puedan aplicar un IVA reducido a algunos productos, los líderes acordaron pedir a los ministros de Finanzas (Ecofin) un acuerdo antes del próximo mes de marzo.
La ampliación de la lista de productos y servicios que pueden beneficiarse de un tipo de IVA reducido permanece bloqueada desde hace meses, pues como todas las cuestiones sobre fiscalidad requiere unanimidad, y más de una decena de países, liderados por Alemania, se opone a ello.
