El veredicto refuerza las posibilidades de éxito del intento de Telefónica por hacerse con el control de Vivo, la operadora de telefonía móvil brasileña que ahora controlan de manera conjunta PT y la empresa de César Alierta.

El pasado 30 de junio, los accionistas de PT aprobaron por abrumadora mayoría la oferta de Telefónica. Pero el Estado portugués utilizó las 500 acciones con derechos especiales que posee en la operadora portuguesa para vetar la operación.

Tras dos años de pleito por una denuncia de la Comisión Europea contra Lisboa, los jueces comunitarios han concluido hoy que "el ejercicio de los derechos especiales confereidos a Portugal en PT mediante las golden shares constituye una restricción a la libre circulación de capitales". En segundo lugar, el Tribunal declara que "no puden admitirse" las razones invocadas por el Gobierno portugués, relacionadas con la seguridad y el interés público, para justificar esa restricción.

Telefónica ha reiterado su "disposición" a seguir buscando las "soluciones posibles" para llevar a "buen fin" la oferta realizada a Portugal Telecom (PT) por el 30% de Vivo. La compañía presidida por César Alierta señaló que la sentencia "ratifica la bondad" de las actuaciones de Telefónica en la propuesta realizada a su socio luso. La multinacional española se suma así a las declaraciones del presidente de PT, Zeinal Bava, que indicó hoy que la compañía portuguesa está "siempre abierta para discutir las opciones" en Vivo.

Bava, que indicó que la decisión del Tribunal Europeo es una cuestión jurídica, que "va más allá de la gestión" de PT, añadió en relación a posibles negociaciones con Telefónica que hay que "ser pragmáticos y encontrar la mejor solución para todas las partes". "Desde mi punto de vista y de la dirección del PT, tenemos que actuar sobre los hechos. Los hechos son conocidos y tenemos, sobre todo, de mirar hacia adelante", dijo Bava en declaraciones recogidas por los medios locales en una conferencia de prensa celebrada en Lisboa.

La sentencia supone una derrota en toda línea de las tesis del Gobierno de José Socrates, que había intentado convencer al Tribunal europeo de que la acción de oro fue creada de manera voluntaria por la antigua operadora pública portuguesa. Los jueces señalan que ni la ley de privatización portuguesa ni los estatutos de PT establecen criterios sobre las cricunstancia en que pueden ejercerse los poderes especiales atribuidos a las 500 acciones del Estado portugués. "Tal incertidumbre", afirman los magistrados comunitarios, "constituye una grave vulneración de la libre circulación de capitales". Telefónica y los accionistas de PT saben muy bien el daño que puede causar esa incertidumbre.

Acatamiento

Sólo 24 horas antes de la sentencia, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, aseguró que el organismo comunitaro haría todo lo necesario para garantizar el acatamiento del veredicto.

Lisboa, sin embargo, dispone todavía de margen para intentar prolongar artificialmente la vida de su golden share. En casos anteriores, los Estados, incluida España, han tardado hasta tres años en suprimir completamente las acciones de oro condenadas por el Tribunal de Luxemburgo.

Por si acaso, Telefónico y PT mostraron ayer su disposición para buscar una salida negociada en la batalla por Vivo que aplaque al Gobierno portugués.

En última instancia, si Lisboa se niega a renunciar a los poderes especiales de sus 500 acciones en PT, la CE podría interponer una nueva denuncia ante el Tribunal y los jueces podrían castigar al Estado luso con una importante sanción pecuniaria.

Sin embargo, el Gobierno portugués ha señalado que acatará la sentencia del Tribunal de Justicia. "Por supuesto que Portugal acatará la decisión. El Tribunal reconoce que hay razones para que existan estos derechos especiales en las empresas y la política del Gobierno portugués será la de seguir ese tema en línea con la decisión del Tribunal".

La CE pide que se cumpla "lo más rápido posible"

Por su parte, la Comisión Europea pidió a Portugal que cumpla "lo más rápidamente posible" la sentencia del Tribunal. "Confiamos en que el Gobierno portugués tome las medidas necesarias para cumplir plenamente la sentencia lo más rápidamente posible", dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde.

"La sentencia confirma que la posición de la Comisión era la correcta: nuestra oposición a las acciones de oro en las empresas europeas como regla", resaltó por su parte el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, que dijo que se trata de un dictamen "muy importante".

"Excepto en casos muy limitados y excepcionales, las acciones de oro van contra el mercado interior, contra el principio de libertad de circulación, y el hecho de que el Tribunal de Justicia haya dicho que la Comisión tenía razón es por supuesto algo que acogemos con mucha satisfacción", celebró Barroso.