La Dirección General de Seguros (DGS) recibe un espaldarazo de la justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó el pasado 9 de marzo la intervención de Cahispa por parte del supervisor al desestimar el recurso interpuesto contra esta actuación por las familias Muñoz y Guilló, propietarias de la firma.

En noviembre de 2006, Seguros intervino Cahispa a raíz de las investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales. Pero a finales de ese año levantó las medidas extraordinarias derivadas de la llamada operación Suéter. Sin embargo, en verano de 2007 procedió a realizar una inspección de las cuentas y balance del grupo. Ahí emergió un rosario de irregularidades que dio lugar a una segunda intervención, que sigue en vigor.

El informe de la DGS señala que Cahispa no aportó información insuficiente sobre sus inversiones, los préstamos suscritos así como el estado de sus cuentas bancarias al cierre de 2006. La aseguradora barcelonesa trató de computar para la cobertura de provisiones técnicas ciertos activos no aptos para tal fin, y concedió préstamos sin garantías a empresas del propio grupo, lo que alteraba su situación de tesorería.

El informe de intervención elaborado por la DGS señalaba "que no se puede cuantificar el estado de cobertura de las provisiones técnicas al cierre del ejercicio 2006, sin embargo sí parece deducirse de las mismas una disminución considerable de la valoración ... que crea una incertidumbre sobre la suficiencia de la cobertura".

Desde finales de 2009, varios inversores encabezados por Fernando Möller, presidente de Asesoría I+D+I, y Joan Hortalá, presidente de la Bolsa de Barcelona, negocian la adquisición de Cahispa.

Fuentes de la aseguradora señalan que las familias Muñoz y Guilló sopesan interponer recurso de casación ante el Supremo contra el fallo del Tribunal Superior.