El proceso deriva de una resolución que emitió el Tribunal de Cuentas en abril de 2011, en la que declaró la existencia de un desvío injustificado de fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella, cifrado en 66,506 millones, más 39,157 millones de intereses hasta la total ejecución de la sentencia, según informa un comunicado municipal.
Los herederos de Jesús Gil y los exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) Julián Muñoz, María Luisa Alcalá, Pedro Román, Rafael Gómez y Antonio Luque fueron condenados como responsables directos de dicha desviación.
Al no ser entonces una sentencia firme, el consistorio solicitó como medida cautelar en julio del mismo año el "embargo preventivo" de ciertas acciones que obraban en el inventario de bienes de los herederos del exalcalde, petición que fue rechazada por el tribunal, por lo que interpuso un recurso de apelación que ahora ha sido estimado de forma favorable, y contra el que no cabe recurso alguno.
Ángeles Muñoz ha detallado que las acciones que han sido embargadas son 3.999 de Vegángeles SA, 449 de Montajes Incor SA, 1.560 de Compañía Internacional de Bienes Reales, 3.600 de Abastecimientos El Carrascal SL, 9.000 de la entidad Club Financiero Inmobiliario SA o 9.999 de la entidad Promotora Inmobiliaria La Alcazaba SA.
Asimismo, se han confiscado 9.000 acciones de la entidad Promociones Futbolísticas SA, 55.000 de la entidad Amz SA, 499 de la entidad Presidencia del Club Atlético de Madrid SL y 8.298 de la entidad Myramco SL.
La alcaldesa ha subrayado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están realizando un trabajo incesante para salvaguardar el "patrimonio de la ciudad" y ha señalado que es fundamental conseguir que se trabe el embargo de los bienes de forma preventiva para que cuando las sentencias sean firmes "se puedan ejecutar con todas las garantías".
En este sentido, Muñoz ha precisado que el resto de encausados ya tienen embargados los bienes de los que se tiene conocimiento por otros procedimientos judiciales.
Igualmente, el Ayuntamiento ha trasladado al Ministerio Fiscal "la necesidad de que se investigue dónde están los bienes de algunos responsables que, sorprendentemente, alegan que no tienen ningún patrimonio".
