El Tribunal de Cuentas denuncia la privatización de Red Eléctrica
La privatización de Red Eléctrica de España fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entonces presidida por Pedro Ferreras, 'con falta de claridad y transparencia', en 'beneficio exclusivo' de las compañías del sector y de espaldas al 'interés general'. Esta es la principal denuncia del Tribunal de Cuentas en la fiscalización que acaba de concluir sobre la SEPI en el periodo comprendido entre 1996 y 2002.
El Tribunal recuerda en uno de los dos informes recién aprobados que la SEPI invirtió 103.800 millones de pesetas (el equivalente a 623,8 millones de euros) en la adquisición de títulos de Red Eléctrica desde 1997, por lo que llegó a disponer de más del 60% de su capital antes de su privatización en julio de 1999. A su participación directa inicial del 1% en la compañía tras la disolución de Teneo, sumó dos nuevos paquetes del 49,01% y del 5,87% que compró a sociedades del grupo Endesa y otro del 4,12% a Iberdrola. Cuando se desprendió del 31,5% del capital a través de una oferta pública de venta (OPV), a un precio por acción de 1.331,09 pesetas, la SEPI indemnizó en ese ejercicio a las compañías vendedoras con 21.305 millones, de los cuales 19.086 fueron a parar al grupo Endesa. Con esta liquidación, informa el Tribunal, se trasladaron a estas sociedades y a Iberdrola la mayor parte de los 23.737 millones de plusvalías brutas atribuidas a las acciones de REE adquiridas por SEPI. En aquella etapa, la SEPI estaba presidida por Pedro Ferreras, quien dirige en la actualidad un bufete en Barcelona. Según el Registro Mercantil, tiene cargos en 14 empresas. Cinco Días se puso ayer en contacto con su despacho, donde informaron que estaba 'ilocalizable'.
Pese a lo estipulado en los acuerdos de compraventa, en la liquidación con dichas compañías efectuada en septiembre de 2000, la SEPI atribuyó a las mismas los dividendos percibidos hasta la fecha de la OPV por las acciones adquiridas, así como el 59% de la aportación recibida en 1999 de Red Eléctrica por la amortización de capital social llevada a cabo en el mismo ejercicio. En cambio, les repercutió el coste financiero de los desembolsos efectuados en pago de las acciones.
En esta liquidación se atribuyeron también a las citadas compañías los 5.244 millones de pesetas de dividendos percibidos por la SEPI hasta la privatización de REE, aunque se computaron como ingresos propios en los ejercicios en que se distribuyeron (1998 y 1999). Según los acuerdos de compraventa alcanzados con las compañías eléctricas, a la SEPI le hubieran correspondido 4.302 millones de estos dividendos. 'La renuncia de la SEPI a cobrar un dividendo a cuenta del ejercicio de 1999 con anterioridad a la realización de la OPV, favoreció el precio de realización de los títulos de REE en beneficio exclusivo de las compañías eléctricas, actuación poco acorde con su obligación de obtener la mayor rentabilidad de la inversión realizada', denuncia el informe.
La sociedad estatal renunció a cobrar un dividendo a cuenta del resultado de REE del ejercicio de 1999
La mayor parte de las plusvalías de las acciones compradas por la SEPI fueron para Endesa
'Función de mero intermediario financiero'
El criterio seguido por la SEPI en la liquidación de Red Eléctrica por el que se atribuyeron a Endesa y a Iberdrola los dividendos correspondientes a las acciones transmitidas por éstas, así como la aportación resultante de la amortización llevada a cabo en el capital de REE en 1999, evidencia que se atribuyó a la Sociedad Estatal 'una función de mero intermediario financiero en la operación de privatización' de la compañía, actuación que, en opinión del Tribunal de Cuentas, 'no resulta acorde con la normativa reguladora' de la SEPI.'Es evidente', añade el informe, 'la falta de claridad y transparencia con la que se ha abordado la intervención de la SEPI en la recolocación de las acciones de REE', ya que la operación se recogió 'en compromisos privados de compraventa y en los correspondientes acuerdos de Consejo de Ministros, de difusión restringida, sin que aparezca definido el interés general' que debería haberse buscado en la operación.En opinión de los auditores, si se había decidido la privatización del capital de Red Eléctrica en poder del grupo Endesa, 'lo procedente habría sido que su salida al mercado se realizase con anterioridad a la de Endesa, en cuyo caso la intervención de la SEPI habría servido para rentabilizar para el Estado la salida a Bolsa de los títulos' de la compañía. El Tribunal ha detectado también que en el cuadro de financiación del ejercicio de 1999, los orígenes de fondos por la venta del inmovilizado financiero están minorados de forma indebida en 722 millones de pesetas.En el acuerdo de 1997 en el que se formalizó la compra por parte de la SEPI del 49,01% del capital social de REE a Endesa y dos sociedades de su grupo (Fuerzas Eléctricas de Cataluña y Electra de Viesgo), se justificó la intervención de la Sociedad Estatal en la necesidad de mantener la titularidad pública del capital social de REE tras la privatización de Endesa, entonces en curso. El Tribunal recuerda que esta operación se solapó en el tiempo con una nueva regulación del sector eléctrico por la que se limitó la participación pública en el capital de REE al 10%.