La Comisión Europea comunicó este miércoles que ha impuesto una multa de 79 millones a Telefónica y Portugal Telecom por haber pactado en 2010 no competir cada una en el mercado de origen de la otra. El acuerdo, que fue cancelado en febrero de 2011, se estableció con la compra por parte de Telefónica de la participación de Portugal Telecom en la brasileña Vivo.
Bajo la sanción establecida por las autoridades comunitarias, Telefónica deberá pagar 66,89 millones de euros y Portugal Telecom cerca de 12,29 millones.
El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, afirmó que la Comisión no tolerará prácticas anticompetitivas entre operadores dominantes para proteger sus mercados de origen porque dañan a los consumidores y retrasan la integración del mercado.
En esta situación, Telefónica dejó claro que, con inmediatez, va a recurrir ante Tribunal de Luxemburgo la citada sanción. Una vía jurídica que también planea seguir la dirección de Portugal Telecom, según Reuters. La empresa lusa calificó la sanción de injustificada.
La empresa española rechazó con rotundidad los argumentos utilizados por Bruselas. Según la compañía, la CE ha juzgado la existencia de una cláusula de no competencia entre ambos operadores que nunca tuvo aplicación y estaba condicionada al cumplimiento de la normativa, de tal manera que dicha cláusula fue anulada automáticamente por las partes en el momento en que Bruselas envió la primera notificación.
Telefónica indicó también que los acuerdos para la compra de la participación de Portugal Telecom en Vivo "fueron hechos públicos y no hubo en ningún momento ocultación, lo que muestra la inexistencia de intención alguna de incumplir la normativa aplicable". Al mismo tiempo, la operadora española señaló que "dicho acuerdo no ha tenido un impacto negativo sobre los consumidores o el propio mercado, ni se mantuvo en secreto, como han reconocido las propias autoridades europeas en su decisión".
La operadora española precisó que para cerrar el acuerdo de compra de Vivo, Portugal Telecom (todavía con participación del Estado luso) exigió la incorporación de una cláusula para impedir que entrara a competir en el mercado portugués. Telefónica indicó que "se introdujo una garantía de cumplimiento de ley en dicha cláusula para evitar conflictos legales y manifestar su deseo de que la misma no tuviera efectividad".
