Telefónica deberá devolver 31,5 millones por la caída del servicio móvil en Argentina

El Gobierno argentino anunció ayer una sanción a Telefónica de 32,5 millones de euros por la caída del servicio móvil durante el pasado 2 de abril. De ellos 31,5 millones corresponden a la devolución de dinero a los afectados por el corte y el resto, a una multa adicional para la operadora de los servicios de telefonía móvil de Telefónica de Argentina, filial de la operadora española. Además, el Gabinete argentino señaló que ha sancionado a Telefónica con una multa adicional de seis millones de pesos (un millón de euros aproximadamente).

El ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, afirmó que la sanción impuesta por el Estado es consecuencia de la "interrupción brusca del servicio" que tuvo lugar el pasado 2 de abril, y que afectó a los 18 millones de abonados de la compañía. El ministro señaló que Movistar tendrá que resarcir con 10 pesos (cerca de 1,7 euros) a cada abonado.

En total, la suma del coste de la devolución ordenada por las autoridades argentinas y de la multa suponen algo más de un 1% de los ingresos registrados por Telefónica de Argentina durante el pasado ejercicio, y cerca de un 3% de su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones (oibda).

El incidente se produjo el pasado 2 de abril, cuando una avería en las redes de la operadora afectó a cerca de 16 millones de clientes de telefonía móvil y a una parte de los usuarios de telefonía fija (en total, cerca de 18 millones). Tras la caída del servicio, las autoridades argentinas ya señalaron que podrían imponer una dura multa a la compañía además de exigir una compensación para los clientes.

Telefónica dijo el mismo 2 de abril que se habían reanudado los servicios de voz y datos tras varias horas de avería, asegurando que devolvería a los clientes el importe de un día de servicio, además de ofrecer mensajes de texto, de manera gratuita, durante la Semana Santa.

La sanción llega pocas semanas después de que el Gobierno argentino decidiese expropiar un 51% del capital de la petrolera YPF, propiedad de la española Repsol. Un movimiento que ha provocado la aparición de numerosas especulaciones sobre posibles nacionalizaciones en Argentina de otras filiales de compañías españolas.