En concreto, la operadora española ha contrado este bufete para que le asesore en los trámites de arbitraje que ha iniciado contra PT en Amsterdam, ante una Corte Arbitral, como consecuencia del incumplimiento por ésta última de sus obligaciones en relación con al ''shareholders agreement'' y al ''subscription agreement'' que, en su día, firmaron ambas empresas en relación con Brasicel.

Se trata del segundo despacho que contrata la compañía presidida por César Alierta, después de que el lunes encargara al despacho holándes De Brauw Balckstone Westbroek el diseño de la estrategia jurídica encaminada a propiciar la disolución de Brasicel.

El despacho americano Dewey & Leboeuf confirma que, conforme a la legislación holandesa y de acuerdo con los contratos SHA y SA, relativos a Brasilcel, "bajo las actuales circunstancias, existen razones fundadas de alcanzar la disolución/liquidación de dicha sociedad".

Incumplimiento por parte de PT

"Uno de los aspectos que dicho despacho resaltará en el arbitraje es el posible incumplimiento por parte de los administradores de PT de sus obligaciones de información al mercado, al haber ocultado a Telefónica y a los accionistas de PT el efectivo ejercicio por parte de la 'golden share' en casos distintos a los que figuran en los estatutos de PT", subrayaron fuentes de la compañía española.

La acción judicial del bufete norteamericano se sumará a la del despacho holandés, cuya primera medida será interponer en breve plazo una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya para disolver Brasilcel, propietario del 60% de Vivo.

El bufete De Brauw Balckstone Westbroek, fundado en 1871 y que cuenta con 68 socios y 262 asociados, es el mismo que Telefónica y PT contrataron en su día para constituir Brasilcel y diseñar su armazón legal.

Telefónica dio el pasado sábado por "extinguida" su oferta a Portugal Telecom "al no haber aceptado el consejo de administración de PT dicha oferta dentro del plazo fijado".

Portugal Telecom pidió el viernes a Telefónica ampliar el plazo para la negociación por la venta de Vivo, después de que el consejo de administración de la firma lusa concluyera sin acuerdo sobre la oferta de la española para hacerse con su participación del 30% en la brasileña a un precio de 7.150 millones de euros.

El grupo español había dado de plazo límite al operador luso para decidir sobre dicha propuesta hasta las 23.59 horas del pasado viernes (horario portugués, una hora más en España). PT había pedido a Telefónica una prórroga con el objetivo de que las negociaciones continúen a un nivel más profundo, es decir, desde la junta del comité ejecutivo de la lusa.

Tras el fin de semana, Telefónica reiteró que "no hay ninguna posibilidad de acuerdo" con Portugal Telecom (PT) para la venta de su filial brasileña Vivo.