Telefónica y el Gobierno español sufrieron ayer un duro varapalo judicial en Bruselas. Y es que el Tribunal General de la Unión Europea rechazó los recursos presentados por ambos contra la sanción de 151,8 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2007 a la operadora por prácticas anticompetitivas en el segmento de la banda ancha.
Fuentes de Telefónica confirmaron que la compañía recurrirá la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE. De hecho, la Justicia comunitaria ha precisado que "puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de derecho, en un plazo de dos meses.
La resolución, en cualquier caso, no tendrá efecto para las cuentas de la compañía, que ya tenía provisionado el importe de la multa desde 2007. Es la segunda multa más alta impuesta por la Comisión Europea tras la sanción de 500 millones impuesta a Microsoft, por conductas monopolísticas.
En la sentencia, el Tribunal de Luxemburgo señala que una compresión de los márgenes puede constituir un abuso de posición dominante". Los jueces respaldan la posición de Bruselas al indicar que "era probable que la conducta de Telefónica hubiese reforzado las barreras a la entrada y a la expansión en dicho mercado y que, de no haber existido las distorsiones resultantes del estrechamiento de márgenes, la competencia habría sido más intensa en el mercado minorista, de lo que se hubieran beneficiado los consumidores en términos de precio, de elección y de innovación".
La sentencia rechaza el argumento de Telefónica en el que indicaba que se había ajustado de forma escrupulosa a las exigencias del regulador español, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la normativa española. Según la operadora, la sanción de Bruselas creaba inseguridad jurídica.
El Tribunal General "considera que Telefónica no podía ignorar que el cumplimiento de la normativa española en materia de telecomunicaciones y, en particular, el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la CMT en virtud del marco regulador no la protegía frente a una intervención de la Comisión con arreglo al derecho de la competencia". En este sentido, el Tribunal recuerda que las normas de la unión en materia de derecho de la competencia completan, mediante el ejercicio de un control a posteriori, el marco regulador adoptado por el legislador de la unión para regular con carácter previo los mercados de las telecomunicaciones.
De esta manera, la resolución judicial da la razón a la Comisión Europea, que había acusado a Telefónica de establecer entre 2001 y 2006 precios no equitativos, situación que provocó un estrechamiento de los márgenes entre los precios mayoristas que imponía a sus competidores y las tarifas minoristas que cobraba a los usuarios.
Denuncia de Wanadoo
La investigación de Bruselas había comenzado en 2003 tras una denuncia de Wanadoo (France Télécom) y en ella, Bruselas determinó que Telefónica debilitaba a sus rivales al obligarles a igualar los precios minoristas lo que les impedía su crecimiento.
En su defensa, en una vista celebrada en mayo, Telefónica señaló ante los jueces que Bruselas habían cometido errores de base y pidió la anulación de la decisión de la Comisión y, con carácter subsidiario, la anulación o reducción del importe de la sanción. En junio, el Gobierno español, que había presentado su propio recurso, pidió en otra vista la anulación de la multa, defendiendo las actuaciones de la CMT en este caso.
Respuesta
Posición: la Comisión Europea mostró su satisfacción por la sentencia del Tribunal General. El portavoz europeo de Competencia, Antoine Colombani, "saludó" el fallo, en el que se rechazaban los recursos de Telefónica y del Gobierno español para lograr la anulación de la multa y que confirmaba, en su opinión, que la operadora había abusado durante más de cinco años de su posición dominante, informa Efe. "Es un fallo importante porque confirma la línea seguida por la CE para determinar la existencia de estrechamientos de márgenes y sus poderes para intervenir a posteriori contra abusos cometidos en mercados regulados", dijo.
Críticas por la inseguridad regulatoria
La sentencia del Tribunal General de la UE por la sanción de Bruselas a Telefónica a reabierto el debate sobre la posible inseguridad jurídica que se puede generar por el desacuerdo entre los reguladores.
Así, en Telefónica recuerdan que la compañía se ajustó a las exigencias de la CMT, señalando que el regulador regula exhaustivamente la actividad y la fijación de precios de la operadora utilizando un criterio ex ante. En la empresa señalaron que no ha habido indicios de estrechamiento de márgenes en la banda ancha, como decía Bruselas.
Asimismo, Telefónica advirtió de que el mercado de banda ancha en España no se ha visto resentido porque sus operaciones se han ajustado a las normas.
De igual forma, las críticas de la operadora española se han dirigido, desde un primer momento, al importe de la multa, en opinión de Telefónica, muy superior a las sanciones impuestas a rivales en sus respectivos países de origen. Y es que, Deutsche Telekom y France Télécom fueron multadas con 12,6 y 10,3 millones de euros, respectivamente, en casos similares.
En este sentido, fuentes jurídicas recordaron ayer el reciente choque entre la CMT y Bruselas a propósito de las tarifas de interconexión en red móvil, por la intención de la CE de acelerar el calendario de bajadas aprobado por el regulador español. En su opinión, en situaciones así, las operadoras corren el riesgo de no saber si seguir lo que dice Bruselas o lo que dice la CMT. No obstante, en este último caso de las tarifas de red podría haber una solución más rápida acordada por ambas partes.
