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Era la primera vez que Redtel hablaba públicamente de su implicación en las negociaciones para atajar el problema de la piratería en internet y el presidente de la patronal, Miguel Canalejo, no se anduvo con rodeos ni con medias palabras. Los contactos de las telecos con la industria de contenidos están rotos y no hay posibilidad de que se retomen, pese a que el Gobierno pidió a estos dos grupos y a asociaciones de usuarios que intentaran presentar una propuesta pactada.

La imposibilidad del entendimiento se encuentra en que Telefónica, Orange, Vodafone y Ono no están dispuestas a tomar ninguna medida que perjudique al usuario. Y eso, precisamente, es lo que les pedías los representantes de la industria de contenidos, explicó Canalejo. Primero incidieron en el corte del servicio de acceso a internet, algo que no se puede hacer "sin el respaldo de una autoridad judicial y con plenas garantías jurídicas", señaló el ejecutivo. Las telecos, además, disponen en su favor de la sentencia del Consejo Constitucional francés, que ha tumbado la ley antipiratería gala precisamente por exigir la desconexión a las operadoras sin que medie la intervención de un juez.

Pero la oposición de Redtel a los planteamientos de la industria de contenidos ha ido más allá. La última propuesta es que se reduzca la velocidad de navegación a los presuntos infractores. También ha sido rechazada. "No existe una tecnología que reduzca el caudal de un usuario en concreto, pero es que además nos parece totalmente inútil. En las descargas de música, por ejemplo, la reducción de la velocidad no sirve de nada", aseguró, durante una rueda de prensa.

La respuesta al problema, según Canalejo, está en la mejora de la oferta legal de contenidos, que considera pobre. "Parte del problema de la piratería está en la falta de atractivo de la oferta legal", afirmó. "La industria entra en los contenidos en internet arrastrando los pies para proteger su negocio tradicional".

La solución de Redtel es mejorar la oferta legal e incidir en la sensibilización de los consumidores, nunca en el castigo. Ahora, le pide al Gobierno que haga una propuesta pública de regulación, que permita opinar a todos los sectores implicados y que abra un debate general.

Esa falta de debate es la que Canalejo más critica de un proyecto de ley que ha caído como un jarro de agua fría entre las operadoras de telecomunicaciones: el canon que se implantará para eliminar la publicidad en la televisión pública.

Las telecos tendrán que aportar el 0,9% de sus ingresos, el equivalente a 230 millones anuales. Eso, junto a otros impuestos que pagan las telefónicas y que también se destinarán a TVE, supone que el sector asumirá el 50% de la financiación de la televisión, pese a que la retirada de los anuncios no tiene beneficios para ellos, explicó el presidente de Redtel.

Las operadoras todavía no pueden denunciar la ley, porque el Parlamento no la ha aprobado aún y puede haber cambios, pero ya han notificado a la Comisión Europea la existencia del proyecto para ir recabando apoyos. Su esperanza, en cualquier caso, es que los partidos de la oposición rechacen el proyecto. Canalejo hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios con este objetivo. "Esta tasa es un torpedo en la línea de flotación del desarrollo de la sociedad de la información y espero que todos los partidos que apoyan la mejora tecnológica de España estén en contra de ella".

Para oponerse a este proyecto, Redtel utilizará los argumentos que dieron el Consejo de Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que también consideran que las telecos no tienen por qué pagar esa tasa y advierten de que acabará repercutiendo en los precios finales, que ya están por encima de la media europea en banda ancha y móvil.