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Está en juego el futuro del sector y las operadoras alternativas no quieren quedarse fuera del debate que se ha abierto en Europa y que determinará la regulación de las redes ultrarrápidas de internet, con velocidades de 100 megas y televisión de alta definición. Por eso, la asociación que las agrupa, ECTA, de la que forma parte la española Astel, ha encargado un estudio a la consultora Wik para convencer con él a las autoridades comunitarias de que el desarrollo de las nuevas redes y el alcance que tengan en la población dependerá del grado de apertura que se le exija a los ex monopolios.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, analiza la viabilidad de desplegar redes de nueva generación por parte de nuevos entrantes en seis países -España, Francia, Italia, Alemania, Suecia y Portugal-. Y la principal conclusión es que no será posible si antes no se garantiza una competencia en servicios que permita a las operadoras alternativas aumentar su cuota y acometer la inversión con garantías de rentabilizarla. Es decir, la competencia en infraestructuras sin una regulación que la apoye puede llevar a que los países se queden con sólo una red limitada y sin alternativas de ofertas, como ha argumentado Astel en España en varias ocasiones.

Wik parte de la base de que no tiene por qué ser el ex monopolio el que despliegue primero la red de fibra. Pero enseguida explica la razón de que a un operador alternativo le resulte mucho más difícil. Para empezar, está el precio, con un coste de 1.882 euros en el caso español por cada acceso -cliente- para redes puras de fibra y de 254 euros si son de VDSL. Este coste es mucho más elevado que el de los ex monopolios, que cuentan con infraestructuras ya hechas que reducen la inversión, economías de escala y cuotas de mercado que hacen más favorable su posición. A eso se une la posibilidad que tienen de rentabilizar sus antiguas infraestructuras, con la venta de los edificios que las contenían. Telefónica, por ejemplo, desembolsará sólo 300 euros por abonado.

Pero, pese a las inversiones más reducidas, el despliegue de las nuevas redes de los ex monopolios tampoco será rentable en todo el territorio, sobre todo porque lo sucedido en países que están más avanzados demuestra que los usuarios no están dispuestos a pagar mucho más que ahora por los servicios. En España, la infraestructura VDSL llegará, como mucho, al 67,4% de la población, según el modelo elaborado por Wik, mientras que la fibra óptica hasta el hogar se limitará al 12,2%.

A la vista de esta conclusión, los operadores alternativos plantean a Bruselas y a los reguladores nacionales una normativa que permita el acceso de terceros a la red de fibra de los ex monopolios y no sólo a las canalizaciones. Las operadoras dominantes se niegan, porque aseguran que los alternativos quieren replicar sus ofertas sin invertir ni arriesgarse y vivir del trabajo ajeno, pero Wik contesta que sería positivo para los ex monopolios.

En un intento por convencer a las autoridades, el estudio de la consultora explica que el pago de los operadoras alternativos por usar la red de los ex monopolios les permitiría rentabilizar antes la inversión, reducir el riesgo y ampliar la cobertura a más población.

El modelo de Wik subraya la importancia de la eficiencia en la duplicación de las infraestructuras, porque un análisis que no lo tenga en cuenta podría llevar a que los alternativos crearan redes de fibra, ya que su modelo actual estaría condenado, y fracasaran en rentabilizarlas. El resultado sería un aumento del precio de los servicios a los usuarios o la desaparición de compañías, como sucedió en 2000 y 2001 cuando la acumulación de redes troncales y submarinas derivó en un exceso de capacidad al estallar la burbuja tecnológica.

Por todo ello, el informe concluye que la regulación debería favorecer la apertura de las redes, con un pago que permita al ex monopolio acelerar la rentabilidad y a los alternativos lanzar ofertas.

La española Astel forma parte de la asociación europea de nuevos entrantes

l Las nuevas operadoras tienen un caso al que apelar para demostrar su posición. Es Australia, donde el ex monopolio se negó a invertir en fibra al tener que compartirla. El Gobierno sacó a concurso, con ayudas, una red abierta de fibra. Y el ex monopolio se presentó.