El expresidente de CEOE y expropietario del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, y el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, tienen en común que ambos traspasaron sus anteriores compañías cuando estaban en concurso de acreedores a Ángel de Cabo, empresario al frente del grupo valenciano Aszendia especializado en reestructuración y liquidación de empresas. Tras entrar en contacto, la presión judicial sobre todos ellos se ha disparado.
Un auto de la Audiencia Nacional conocido el viernes, en el que se informaba del bloqueo a Ángel de Cabo de 4,9 millones de euros en Suiza, vincula a los tres, al menos, a través de sus sociedades.
Según un informe de la unidad policial de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los 4,9 millones procederían de una empresa irlandesa de Marsans. Sin embargo, los bienes trabados por la fiscalía suiza lo fueron en el transcurso de una investigación abierta en la Audiencia Nacional por los pagarés ofrecidos por Nueva Rumasa.
Díaz Ferrán acordó, con su socio recientemente fallecido Gonzalo Pascual, la venta de Marsans a De Cabo a mediados de 2010, prácticamente al mismo tiempo que el grupo de viajes, hoy en liquidación, se declaraba en concurso. El expropietario de Marsans no ha evitado los juzgados por temas relacionados con su anterior compañía a pesar del traspaso de la misma a De Cabo.
El expresidente de CEOE tuvo que declarar el pasado mes de febrero en la Audiencia Nacional en calidad de imputado, acusado por el ministerio fiscal de apropiarse del dinero pagado por los clientes de Marsans en lugar de entregarlos a los proveedores.
También el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha solicitado penas de prisión de dos años y cuatro meses para Díaz Ferrán por presunto delito contra la Hacienda pública en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas.
El concurso de una de sus empresas, Seguros Mercurio, ha sido declarado culpable y él inhabilitado para administrar empresas durante 15 años. La juez del concurso de Marsans se pronunciará próximamente sobre la culpabilidad del concurso de la compañía.
En septiembre del pasado año, De Cabo comunicó la adquisición de las empresas de Nueva Rumasa, acordada con José María Ruiz-Mateos. El fundador de Nueva Rumasa tampoco ha evitado frecuentar los juzgados como imputado a pesar de traspasar sus sociedades.
El juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, el mismo que informó el viernes sobre el bloqueo en Suiza de 4,9 millones a Ángel de Cabo, admitió a trámite en junio de 2011 una querella contra José María Ruiz-Mateos, su esposa, María Teresa Rivero, y sus seis hijos varones y un sobrino presentada por 63 querellantes representados por el despacho Martínez Echeverría.
El 28 de febrero de este año De Cabo tuvo que declarar ante el juez Ruz imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia relacionados con Nueva Rumasa. Ese día su abogado, Tomás Meliá, comentó que el empresario valenciano estudiaba demandar a los Ruiz-Mateos. Los últimos acontecimientos podrían motivar nuevas actuaciones judiciales, según fuentes cercanas a los empresarios.
