El software ilegal en España supera los 631 millones

Andalucía, Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas españolas que mantienen los índices más altos de piratería de software, según el último informe sobre esta cuestión realizado por la consultora IDC para la Business Software Alliance (BSA). El estudio indica que la tasa de piratería en la comunidad andaluza en 2009 superó el 58% por un 56% de la región extremeña, un 55% de la comunidad valenciana y un 54% de la región castellano manchega.

Los responsables de la BSA advirtieron que la tasa de piratería en estas autonomías está a la altura de países como Grecia, Egipto y Colombia, donde el software ilegal supone el 58%, el 59% y el 55%, respectivamente, del mercado global. Además, Luis Frutos, presidente del Comité Español de esta organización, destacó que en España hay diferencias de hasta 30 puntos entre las regiones que más y menos piratean software.

En este sentido, Navarra y Madrid tuvieron los índices más bajos de piratería de software con un 28% y un 32%, respectivamente; ambas por debajo del 35% de la media de la Unión Europea. La comunidad navarra se sitúa en la línea de países como Noruega y Holanda, que tienen tasas del 29% y el 28%, respectivamente, pero por encima de Suecia y Reino Unido, que tienen un índice del 25% y el 27%, respectivamente. Dentro del ranking de autonomías, Murcia se situó en tercer lugar con un 36%, el mismo porcentaje que Canarias.

En términos generales, la BSA señaló que el valor comercial del software ilegal en España en 2009 rondó los 631 millones de euros, ligeramente por debajo de los 640 millones de 2007 (último año analizado). En términos porcentuales, el índice de piratería de software en España bajó en ese mismo periodo del 43% al 42%. El informe indica que esta evolución pone de manifiesto "una leve mejoría con 12 regiones en las que se ha disminuido la tasa de piratería, mientras que en cinco se ha mantenido el nivel y en ninguna de ellas ha aumentado".

En cualquier caso, los responsables de la BSA insistieron en que los datos "no son sostenibles" y explicaron que van a comenzar una serie de visitas a Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana con el objetivo de reunirse con consejeros y empresarios locales para tratar de concienciar sobre la necesidad de disponer de software legal.

Delitos penales

Frutos hizo mención también sobre los efectos que puede tener la última modificación del Código Penal que entró en vigor el pasado mes de diciembre. Un cambio que introduce por primera vez en España la responsabilidad penal directa de las empresas por los delitos cometidos en su seno. Esta nueva regulación ha incluido la opción de imponer multas para estos delitos que pueden llegar a suponer un importe equivalente al triple, e incluso el cuádruple, del beneficio obtenido por el uso de software fraudulento. Estas sanciones, según explican desde la BSA, podrán imputarse directamente contra el patrimonio de la compañía; una responsabilidad económica que se añade a la ya existente responsabilidad civil derivada de la indemnización por daños y perjuicios a los fabricantes de software por el uso de los programas sin licencia.

Al mismo tiempo, los directivos de la BSA indican que en el código penal se han añadido penas específicas para las empresas que cometan este tipo de delitos como su disolución, la suspensión de las actividades por un periodo de hasta cinco años, la clausura de locales y establecimientos, la inhabilitación para la obtención de subvenciones y ayudas públicas, la inhabilitación para contratar con las administraciones públicas o la inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales.