La plantilla de AENA convocan 22 días de huelga, incluida la Semana Santa

Fuentes sindicales indicaron que en el escrito se hace un llamamiento a la negociación y se subraya que hay tiempo "suficiente" para evitar la huelga. En el documento, los sindicatos solicitaron la huelga los días 20, 21, 24, 25 y 30 de abril; los días 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo; los días 13, 23 y 30 de junio; los días 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio y el 1, 15 y 31 de agosto.

Los paros de la plantilla de AENA presionan al Gobierno y al sector turístico en España, puesto que afecta a las vacaciones de Semana Santa, Puente de Mayo y las fechas claves del verano. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ya se vio afectado por la huelga masiva de los controladores aéreos el pasado puente de la Constitución, que cerró el espacio aéreo en España durante 18 horas y ocasionó un perjuicio económico de más de 300 millones de euros.

La convocatoria de huelga se extiende a cerca de 11.000 trabajadores de los 47 aeropuertos de la red de Aena y responde a la preocupación por la pérdida de derechos una vez que se produzca la privatización del 49 % del gestor aeroportuario.

La primera fase de la privatización fue la creación de la sociedad AENA Aeropuertos y posteriormente está previsto que los aeropuertos del Prat y Barajas sean gestionados por una empresa privada. El anuncio de huelga se produce a pesar del acuerdo para que el V Convenio de los trabajadores del grupo Aena sea el I Convenio del nuevo grupo resultante tras la privatización parcial.

Fuentes de Aena dijeron que mantienen abierta la vía del diálogo y que confían en poder ampliar las garantías de las condiciones de trabajo para los empleados del grupo "lo máximo posible". En su opinión, este modelo "solo beneficia a dos grandes empresas y perjudica a los usuarios de los aeropuertos, los ciudadanos y los trabajadores".

Los sindicatos explicaron hoy en un documento depositado en el Ministerio de Trabajo al que ha tenido acceso Cinco Días que este paro se va a llevar a cabo "contra la privatización" y por "el nuevo modelo de gestión de AENA, que conllevará el cierre de aeropuertos que prestan un servicio público imprescindible a la cohesión social, territorial y su desarrollo económico".

La medida pretende protestar además "contra las concesiones de gestión de los aeropuertos", contra la "creación de aeropuertos de primer, segundo, tercer y cuarto nivel de nivel de prestación de servicios, cuya consecuencia irá en detrimento de la seguridad y calidad de las operaciones aéreas y en perjuicio del desarrollo económico y social de determinados territorios y comunidades autónomas". Las fuerzas sindicales afirmaron también que quiere garantizar "los puestos de trabajo en AENA, contra la subrogación de contratos de los empleados", además de impulsar "un convenio colectivo único que ampare a todos los trabajadores y que garantice el mantenimiento de las condiciones laborales, sociales, económicas, de seguridad social y de previsión social".

Los sindicatos aseguraron en el documento que "desde que el 1 de agosto del 2008 (y tras años de rumores, anuncios, ocurrencias, cambios de ministro, de secretaría de Estado, y presidencias de AENA)", Maria Teresa Fernández de la Vega (entonces vicepresidente del Gobierno y Magdalena Álvarez (entonces ministro de Fomento), anunciaran la decisión de implantar un nuevo modelo de gestión de aeropuertos, los trabajadores de AENA han "mostrado toda la paciencia posible en las decisiones" que "afectan a su futuro". En su opinión, "no ha sido hasta el 1 de diciembre de 2010 "que el presidente del Gobierno ha dado detalles sobre el modelo", cuando habló de "privatización de los aeropuertos, en su forma de concesiones a empresas privadas".

La central sindical asegura que "renunciaron a una convocatoria de huelga prevista para la Navidad, en un ejercicio de responsabilidad, ni correspondido, ni valorado". Desde entonces, afirma, se han producido siete reuniones en las que "AENA no ha presentado ninguna propuesta que salvaguarde o garantice las condiciones laborales, sociales, económicas y de mantenimiento del empleo en todos los centros". En ningún momento se ha reflejado en documento alguno las garantías de las que habla el ministro en sus intervenciones públicas", sentencia.