El documento ofrece, hasta la fecha, la prueba más detallada del escándalo que ha envuelto a uno de los mayores conglomerados del mundo en investigaciones.
El tribunal se centró en los pagos realizados entre 2001 y 2004 que estuvieron relacionados con Reinhard Siekaczek, antiguo directivo de una de las divisiones de Siemens. Siekaczek ha sido acusado de malversación de fondos ante la justicia alemana, aunque su abogado asegura que ha cooperado con la fiscalía. Está previsto que el juicio se celebre a principios de 2008.
Siekaczek reconoció ante la fiscalía que los sobornos se hicieron en los tres países con el conocimiento de directivos de la compañía, según distintas grabaciones del juicio. Dicho testimonio podría utilizarse como punto de partida para iniciar otras investigaciones o sanciones en países en los que Siemens está presente, incluido Estados Unidos.
La justicia alemana, según los datos recogidos por “The Wall Street Journal”, identificó diversos sobornos de entre 2.000 euros y 2,25 millones de euros efectuados por Siekaczek y otros trabajadores a funcionarios de los gobiernos de los tres países. La sentencia indica que la mayor parte de este dinero, unos 10 millones de euros, fue a parar a manos de cargos públicos de Nigeria, incluido un funcionario de inmigración, un senador y cuatro ex-ministros de telecomunicaciones: Bello Mohammed, Tajudeen Olanrewaju, Cornelius Adebayo and Alhaji Elewi.
Un funcionario del ministerio de Información y Comunicación de Nigeria indicó que el Gobierno tendrá que estudiar las alegaciones antes de realizar comentarios al respecto. Por su parte, los cuatro ex-ministros no pudieron ser localizados.
La sentencia no especifica en qué contratos estaba interesado Siemens cuando sus empleados realizaron dichos pagos ni qué hicieron los receptores del dinero a cambio de los sobornos.
El jurado indicó que su sentencia estaba basada en la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a empleados de Siemens y el estudio de archivos, muchos de los cuales fueron incautados el pasado 15 de noviembre de 2006, durante el registro policial de las oficinas de Siemens.
Anton Winkler, portavoz de la fiscalía de Munich, dijo que la acusación no ha entrevistado a las personas que aparecen en la sentencia como receptores de los sobornos. De hecho, la acusación no puede pedir acciones contra los acusados porque la justicia germana no tiene jurisdicción en los casos en que personas que no son alemanas reciben sobornos fuera del país.
