La SEPI estudia acciones legales contra Victorino Alonso por el carbón desaparecido
La SEPI y el Gobierno siguen sin informar oficialmente sobre el caso del carbón propiedad de Hunosa desaparecido en terrenos de las minas de Victorino Alonso, que podría ascender a 500.000 toneladas. La presidenta del PP de Asturias ha anunciado que la Abogacía del Estado estudia acciones legales contra el empresario leonés.
La confusión sobre la desaparición de cientos de miles de toneladas de carbón de Hunosa almacenadas en los parques de las minas de Victorino Alonso sigue reinando. A ello está contribuyendo la actitud de la minera pública de la SEPI y del Ministerio de Industria, que siguen sin confirmar ni desmentir unos hechos que podrían ser desvelados oficialmente en los próximos días. Según aseguraba ayer la prensa asturiana y leonesa, las toneladas no serían 200.000, tal como se había apuntado en un primer momento, sino 500.000. Como cada tonelada de carbón cuesta unos 70 euros, el valor del mineral evaporado sería de 14 millones, en el primer caso, o 35 millones, en el segundo.
Una de las razones del silencio que mantienen la empresa pública y el propio Gobierno es que no quieren entorpecer la labor de la Abogacía del Estado que estaría buscando pruebas y argumentos para presentar una denuncia contra el empresario leonés.
La presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, aseguró el martes tras una reunión que mantuvo en Madrid con el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, que el grupo público recurrirá a los tribunales para denunciar el carbón que "inadecuadamente se vendió o desapareció", informó Europa Press. Hunosa y la SEPI defenderán sus intereses, de hecho, la Abogacía del Estado está estudiando dicha defensa "desde el punto de vista jurídico", indicó Fernández. La política asturiana informó de que fue el pasado septiembre cuando Hunosa "detectó una falta importantísima de toneladas de carbón".
Hunosa mantiene un stock de mineral repartido entre una docena de parques de varias empresas mineras de León y Asturias desde que a mediados de 2009 el Gobierno de Zapatero le obligase a comprar la producción a dichas empresas y a gestionar un almacenamiento temporal de carbón. Este se creó ad hoc en tanto resolvía otro conflicto con las eléctricas que llevaban todo aquel año sin lograr casar su producción con carbón en el mercado mayorista (pool) por la falta de competitividad del carbón nacional.
El problema se resolvió un año después cuando el Gobierno logró imponer a las eléctricas la obligación de quemar este combustible en sus centrales térmicas ofreciéndoles un precio regulado. Concretamente, un volumen de 20 millones de toneladas hasta finales de 2014, cuando termina la vigencia del mecanismo. Para entonces, a mediados de 2010, se habían extraído ya 10 millones de toneladas, que Hunosa adquirió con dinero público y almacenó.
Fuentes cercanas a la minera pública aseguran que sus técnicos realizaban inspecciones periódicas para comprobar el estado del mineral almacenado. La última que se realizó antes del relevo que se produjo en la presidencia de la compañía (en febrero del año pasado María Teresa Mallada sustituyó a Juan Ramón Secades tras la llegada del PP al poder) fue en agosto de 2011. El carbón no se volvió a medir hasta agosto del año pasado, según Hunosa, por la imposibilidad de acceder a los parques por la huelga de la minería que comenzó en mayo.
La versión más verosímil, según fuentes del sector, es que Alonso usara ese carbón almacenado propiedad de Hunosa para abastecer a las centrales eléctricas ante la dificultad para extraer mineral nuevo debido a las huelgas. También, a la vista de que el Gobierno no liberaba las ayudas del Plan del Carbón correspondientes a 2012 (111 millones de euros) y que, a día de hoy, siguen bloqueadas. No se descarta que este bloqueo esté relacionado con la investigación sobre el carbón desaparecido, pues, de demostrarse las irregularidades, las dos mineras de Victorino Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) podrían perder su derecho a cobrar ayudas.
La resolución de las eléctricas podría aprobarse hoy
Las eléctricas obligadas desde 2010 a comprar carbón nacional para quemar en sus centrales térmicas (Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola) adquieren el mineral en las condiciones que estipula el reglamento o resolución que publica periódicamente el Ministerio de Industria y que desarrolla el real decreto sobre restricciones por garantía de suministro que establece un precio regulado para esas compras obligatorias.En 2010 y 2011 la resolución se publicó por un año pero en 2012 el nuevo Gobierno del PP decidió publicarlas con carácter trimestral para tener un mayor control. La correspondiente a 2013 aún no se ha aprobado debido al relevo en la Secretaría de Estado de la Energía y a las discrepancias con las eléctricas, que han alegado contra la decisión del ministerio de no incluir en la propuesta que elaboró el mes pasado los costes los nuevos impuestos a la energía que entraron en vigor el 1 de enero (en este caso, el céntimo verde al carbón y el 7% a todo tipo de generación eléctrica) como un coste a reconocer en el precio regulado. Industria podría publicar hoy por fin en el BOE la resolución de este año, aseguraban ayer fuentes empresariales.Esta incluirá el precio que debe pagar cada central por el carbón a adquirir y el volumen y siempre deben comprar parte del almacenado por Hunosa desde 2009. Por ejemplo, la central de Compostilla de Endesa en león adquirió el año pasado un millón de toneladas de las mineras de Victorino Alonso (el mayor de los productores); otras 420.000 toneladas de Hunosa y el resto, hasta 100.000, de dos mineras de menor tamaño.El que las eléctricas adquieren a las empresas mineras se lo pagan directamene a estas y el que compran del almacenado por Hunosa lo saldan con operador del sistema, REE, que es el encargado de gestionar el mecanismo de restricciones. Además, pagan ocho euros por tonelada por los gastos de la custodia del mineral.
El empresario leonés dice que ha cumplido conel suministro
Las dos compañías mineras del Grupo Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) son las mayores productoras de carbón de España, con extracciones de hasta dos millones de toneladas en los años buenos. Ambas compañías forman parte del grupo de las cuatro (las otras dos son Hunosa y la Hullera Vasco Leonesa) que reciben ayudas del Plan del Carbón de más de 12 millones de euros, por lo que la aprobación de dichas ayudas deben pasar por el Consejo de Ministros. Las del año pasado siguen bloqueadas.Ante las informaciones sobre la desaparición del mineral de sus parques, estas compañías han amenazado con denunciar a Hunosa "por activar el bloqueo de sus ingresos, sin que se den las circunstancias previstas en los contratos", informa Europa Press.El grupo Alonso considera que ha respetado lo pactado, que es cumplir con los suministros a las centrales térmicas. "Se trata de una operación sobre bienes genéricos o fungibles y, por esta razón, lo básico es que se atendiesen las entregas", señala. De ello dan fe las pripias eléctricas.En los parques de las minas de Uminsa y CMC conviven el carbón de Hunosa (por cuya custodia esas mineras reciben un dinero);el suyo propio en tanto lo venden y, a veces, el de Endesa, que lo deja en los terrenos de las minas ante la falta de espacio en la central de Compostilla. Ello ha hecho sospechar que haya utilizado todos indistintamente.El empresario leonés tiene dos condenas firmes a sus espaldas: una, dictada por el Tribunal Supremo en 2010 por haber vendido mineral de baja calidad a la central de La Robla de Unión Fenosa con la connivencia de empleados, y por la que se le obligó a pagar 14 millones de euros a la eléctrica. La segunda, del Tribunal de Justicia de Castilla y León por la destrucción de un bien arqueológico.