Todas las eléctricas, las tradicionales integradas en Unesa, las de energías renovables (eólica, fotovoltaica y termosolares), así como las cogeneradores y las gasísticas están en pie de guerra contra la enmienda presentada la semana pasada por el Grupo Popular en el Senado al proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético. Este supone, entre otros, la aplicación de un impuesto a la generación eléctrica del 6% y otro (el llamado céntimo verde) sobre el consumo de gas natural.
En la citada enmienda, los populares proponen un cambio de cromos en los impuestos que se prevé entren en vigor el 1 de enero: subir del 6% al 7% el de la electricidad y bajar el céntimo verde (de 0,65 a 0,15 euros/gigajulio) para el gas que utilice la industria en sus procesos productivos, excepto el de las centrales de ciclo combinado y la cogeneración.
El conflicto está servido entre las empresas de los distintos subsectores. 1. Unas, como las eléctricas, por el aumento de un impuesto nonato con el que ya estaban en desacuerdo y otras, como las cogeneradores o las propias eléctricas que producen con gas natural, por haber sido excluidas de la rebaja del céntimo verde. Además, para compensar esta reducción también se endurecen las medidas fiscales previstas para el carbón, el gasóleo y el fueloil.
Ya el fin de semana, la asociación de cogeneradores, advirtió que esta decisión del Gobierno supone "desahuciar" al sector de la cogeneración y a los sectores industriales que cuentan con este tipo de generación, como el papelero. Para este sector, "lejos de suavizarse, el impacto sube de 130 a 135 millones", según fuentes del mismo que recuerdan que la mitad de la producción de papel se exporta. Las medidas propuestas supondrían "una brutal pérdida de competitividad".
Por su parte, el propio presidente de Unesa, Eduardo Montes, arremetió contra el incremento del impuesto eléctrico, que, en su opinión pone en peligro la viabilidad del sector. "El contenido de estas iniciativas es una gran decepción y un palo para las eléctricas", lamentó, al tiempo que recordó que Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Eon y HC Energía, mantienen 50.000 puestos de trabajo directos y otros 100.000 indirectos e invierten 3.000 millones al año. Amén de ser el tercer castigo del Gobierno en lo que va de año al sector.
En una nota de prensa enviada el domingo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la tecnología más penalizada por una subida del impuesto a la generación del 6 al 7% es la eólica, con un impacto de 300 millones.
En este sentido, considera "inaceptable que un tributo con vocación medioambiental castigue sobre todo a una tecnología limpia y competitiva", que ya se "enfrenta a una importante caída de ingresos, cierre de fábricas y despidos".
Ayer siguieron proliferando las reacciones en contra de los lobbies del sector solar: la Unión Española Fotovoltaica (Unef) y Protermosolar. Para los fotovoltaicos, el impuesto aumentará el número de suspensiones de pagos en un sector que "ya soporta un recorte retributivo del 30% hasta 2013, aprobado por el Gobierno anterior". Y vuelve a pedir que "no se superpongan" este recorte con la nueva imposición.
En cuanto a la termosolar, la asociación del sector la considera "un golpe mortal" al sector, que aportó en 2011 más de 2.000 millones de euros al PIB. Además, crea inseguridad jurídica y aboca a España "a numerosos litigios en las cortes de arbitraje internacionales y a la desconfianza de inversores extranjeros".
Soria y los peajes
El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer que el Gobierno va a congelar en enero los peajes eléctricos, por lo que la revisión de la factura de la luz dependerá del precio de la electricidad que se fije en la subasta Cesur del día 21. "El Gobierno ha decidido que el precio de la luz sea un reflejo exacto de lo que marca la subasta", afirmó.
Según Soria, hasta ahora, si el precio de la subasta resultaba al alza los peajes se bajaban para no reflejar esa subida en el precio de la energía, lo que provocaba que se generara más déficit de tarifa eléctrica. "¿De qué sirve bajar los peajes si al final se genera un problema mayor?", reflexionó el ministro, quien aseguró que el Ejecutivo no maneja previsiones sobre el resultado de la subasta Cesur. Sin embargo, los mercados de futuros ya han recogido el efecto sobre el precio de los nuevos impuestos energéticos.
