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La Federación de Cines de España (FECE) anuncia movilizaciones para intentar frenar la nueva Ley del Cine que está preparando el Ministerio de Cultura. Los exhibidores anunciaron ayer que estudian 'iniciativas empresariales, jurídicas y legales' si el nuevo texto no recoge sus 'reivindicaciones históricas'.

Según FECE, el proyecto que ultima el Ejecutivo supone prorrogar la regulación parcial de las salas de cine, 'lo que representa una medida intervencionista, claramente inconstitucional, que no tiene equivalencia en ningún otro país de la Unión Europea', aseguraron ayer en un comunicado.

Una de las posibles medidas de presión que podrían poner en marcha es un 'plante ante el cumplimiento de la cuota de pantalla'. Se trataría de una decisión 'específica' que podría iniciarse 'en las próximas semanas' y que se llevaría a cabo 'sin esperar a la nueva legislación'.

FECE señala que el Anteproyecto de Ley pretende mantener y ampliar la regulación del 25% del cine que exhiben las salas cinematográficas. En su opinión, esta regulación atenta contra la 'libertad de empresa'. Según FECE, las restricciones a la exhibición han supuesto un recorte de sus ingresos, debido a la menor recaudación, de 1.000 millones de euros entre 2001 y 2006. Esta cifra representa casi cinco veces las subvenciones directas (en concepto de ayudas a largometrajes, cortos y promociones) recibidas por el sector de la producción, procedentes de los Presupuestos Generales de Estado. De esta manera, entienden que se está primando a los productores españoles y europeos vía subvenciones directas (de las arcas públicas) e indirectas (de los exhibidores y las televisiones).

Además, la Federación de Cines critica que el nuevo texto legal no contemple 'ninguna medida para atajar la concentración, el cartel y el abuso de posición de dominio que vienen desarrollando desde hace bastantes años las cinco grandes distribuidoras americanas'. En opinión de FECE, las majors actúan 'con total impunidad ante la pasividad de las administraciones competentes' a pesar de 'las resoluciones de condena a las mismas' que dictó el pasado mes de mayo el Tribunal de Defensa de la Competencia y que supuso a sus filiales españolas una multa de 2,4 millones de euros.

El sector de la exhibición considera 'imprescindible' un reconocimiento histórico por parte del Gobierno, productores, actores y demás componentes del sector del cine español por la contribución y apoyo realizados en los últimos 65 años. En su opinión, 'nadie ha reconocido esta situación' y ningún Ejecutivo se ha 'preocupado por aplicar medidas compensatorias fiscales y económicas como consecuencia de la intervención a la que ha estado sometida el sector'.