Rivero rechaza haber cometido abuso de información privilegiada

Joaquín Rivero, expresidente de Metrovacesa, llegó hoy a las 11:15 a los juzgados de Plaza Castilla para declarar por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de noviembre.

A las puertas de los juzgados de Plaza Castilla se agolpaban esta mañana periodistas cubriendo la información de la protesta de activistas ecologistas contra los altos índices de polución en Madrid. Joaquín Rivero ha tratado de evitar a la prensa y ha entrado por una puerta trasera, por la calle Capitán Haya (en la imagen).

Rivero contestó durante cerca de hora y media a las preguntas del juez Eduardo López Palop, del fiscal anticorrupción y querellante, de la acusación particular de Metrovacesa y a su defensa. A su salida, se limitó a afirmar que la comparecencia había transcurrido "con normalidad".

"Joaquín Rivero incumplió las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, al aprovechar este conocimiento reservado para comprar las acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era el beneficiario último", asegura la querella, publicada por Anticorrupción. El expresidente de la que fuera la mayor inmobiliaria española siempre ha defendido públicamente su inocencia y ha comentado en ocasiones que no existía seguridad en aquel momento de que su operación fuera beneficiosa así como que la información fue debidamente informada a la CNMV.

Durante su declaración, Rivero defendió la legalidad de todas las operaciones que se le imputan y explicó que todas ellas formaron parte de la pugna por el control de Metrovacesa que libró a finales de 2005 frente a la familia catalana de los Sanahuja, según explicaron fuentes jurídicas. Además, el ex presidente de la inmobiliaria sostuvo que si los cálculos de las operaciones se hicieran con referencia al precio actual, lo que arrojarían es una pérdida importante en su patrimonio.

El 30 de diciembre de 2005, Metrovacesa anunció que Portillo había llegado a un acuerdo para vender su participación del 5,66% en la compañía a Rivero (que se hacía con el 1,72% del capital) y a Román Sanahuja (que se quedó con el 3,94% del capital). El acuerdo se alcanzó el día de Nochebuena de aquel año.

La fiscalía establece que "atendiendo al beneficio obtenido" (2,8 millones de euros), el presunto delito puede ser castigado con una pena de entre cuatro y seis años de prisión, multa de hasta el triple del beneficio obtenido, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión o actividad entre dos y cinco años.

Rivero presidió Metrovacesa desde 2002, fecha en la que su empresa Bami la adquirió, hasta 2007, cuando la familia Sanahuja tomó el control.

Los minoritarios no pueden acceder a la declaración

Los accionistas minoritarios de Metrovacesa habían decidido aprovechar el proceso abierto contra el expresidente Joaquín Rivero para denunciar presuntas irregularidades en la administración de la inmobiliaria.

Sin embargo, el representante legal de los accionistas minoritarios no ha podido acceder a la declaracion ante la oposición de Joaquin Rivero y Metrovacesa, que han aludido a un defecto de forma, según ha explicado el mismo abogado José Luis Abascal Escudero.