La petrolera considera que Argentina ha violado diversas reglas del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, entre ellas la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol.
Repsol ha subrayado que la expropiación de sus inversiones es "ilícita" y no ha ido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por dicho Tratado, "ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria".
"Argentina ha violado la obligación de garantizar un tratamiento justo y equitativo a las inversiones, puesto que las medidas adoptadas han alterado por completo el marco jurídico y económico de la inversión de Repsol en YPF, y de Repsol y Repsol Butano en Repsol YPF Gas", ha señalado.
La compañía española ha notificado a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la declaración de existencia de controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
Antes de presentar la demanda arbitral, las partes tienen un plazo de seis meses para buscar una solución negociada. "La expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina", ha insistido la petrolera española.
Entre los argumentos que esgrime Repsol para iniciar las acciones legales figuran que Argentina sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor antes del anuncio de la expropiación.
Así, según la petrolera, varias provincias (Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta) confiscaron concesiones pertenecientes a YPF de manera coordinada "a través de declaraciones de caducidad infundadas y políticamente motivadas".
Asimismo, Repsol considera que Argentina también ha violado su compromiso internacional de no obstaculizar en modo alguno, mediante medidas "injustificadas o discriminatorias", la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta, o, en su caso, la liquidación de sus inversiones.
"Es evidente que los Decretos de intervención y la Ley expropiatoria actúan solamente en contra de los intereses de Repsol, sin interferir directamente en la participación de los demás accionistas de YPF y de Repsol YPF Gas, ni afectar a cualquier otra compañía de hidrocarburos presente en el país", ha señalado la petrolera.
