Unas declaraciones del ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, aceleraron ayer el anuncio por parte de Repsol del inicio del proceso judicial contra la expropiación por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de YPF el pasado 16 de abril. De Vido aseguró en una televisión venezolana que Repsol ya había presentado "su caso" en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial donde se dirimen los arbitrajes contra los acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones (Appri) entre países.
Tras estas declaraciones, Repsol remitió una nota aclarando que lo que ha dado son los pasos previos antes de acudir al arbitraje. Por el momento, ha notificado a la presidenta argentina que "existe una controversia bajo el Appri hispano-argentino, que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial (el Ciadi antes citado). Pero, tal como establece el propio acuerdo, antes de presentar una demanda arbitral, las partes tienen un plazo de seis meses para "buscar una solución negociada".
En realidad, el acuerdo establece que el periodo de negociación es de 18 meses, pero existe una cláusula de nación más favorecida, que permite acogerse a plazos mejores que figuren en otros acuerdos bilaterales a los que, como todo apunta, se ha acogido Repsol. En realidad, la petrolera española no confía en llegar a ningún acuerdo, por lo que cuanto menos se dilate el proceso judicial, mejor.
Violación del tratado
En su nota, el grupo que preside Antonio Brufau ha anunciado "formalmente" el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho internacional "para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración y/o reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar" a la compañía con la expropiación de su filial. En su opinión, Argentina ha violado el artículo V del tratado, como es la obligación de "no nacionalizar o expropiar" las inversiones de Repsol, "ni someterlas a medidas de efecto equivalente". Y que, en ningún caso, podrán "ser discriminatorias", salvo por razones de utilidad pública y contra el pago de una indemnización.
Argentina solo ha expropiado acciones a Repsol (un 51% del 57% que tenía y que valora en 10.500 millones de dólares) pero no a otros accionistas. En este sentido, Repsol recuerda que la medida tampoco ha afectado a ninguna otra empresa de hirdrocarburos del país, lo que implica el incumplimiento de la disposición del tratado "sobre paridad con el trato al nacional" y "el de tratamiento de la nación más favorecida". Ante la evidencia de que el Gobierno argentino pretende ofrecer a otras petroleras las licencias confiscadas a Repsol, esta ha amenazado a sus rivales con demandarlas en el caso de aceptarlas.
Además de ser discriminatoria, la medida es "ilegítima", según Repsol, porque no ha venido acompañada de ninguna de las garantías que establece el Appri y "ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora" tal como establece cualquier proceso de expropiación.
Para la compañía, Argentina ha violado la obligación de garantizar "un tratamiento justo y equitativo" a las inversiones, tal como figura en el artículo VI del tratado, pues las medidas han alterado "el marco jurídico y económico" de la inversión de Repsol en YPF e YPF Gas (filial también expropiada).
Otra de las acusaciones que se esgrimen es que Argentina ha violado su compromiso internacional de no obstaculizar la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute, la extensión, la venta o la liquidación de tales inversiones.
Un tratado de más de dos décadas de vigencia
Los tratados de promoción y protección de Inversiones (Appri) son acuerdos bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del Derecho internacional, las inversiones realizadas por inversores de un Estado en el territorio de otro Estado con el que existe el tratado. Su objetivo, según la nota remitida ayer por Repsol, es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior.
Estos acuerdos son suscritos principalmente por países en vías de desarrollo con países occidentales. En el caso de España, existen 2.000 acuerdos de este tipo y el de Argentina se firmó a comienzos de la década de los noventa.
