La petrolera cifra además en 10.500 millones de dólares (8.140 millones de euros) el valor de las compensaciones que se exigirán al Gobierno argentino correspondientes a su participación del 57% en YPF.
Martínez ha insistido en que la expropiación a Repsol por parte del Gobierno argentino de un 51% de YPF es "manifiestamente ilegal y discriminatoria". "El interés público no está justificado" y el Ejecutivo argentino ha "contradicho claramente el compromiso de la República en el momento de la privatización" de YPF, ha afirmado.
Por este motivo, Martínez ha explicado que los asesores jurídicos de Repsol ya han iniciado acciones legales contra la expropiación y ha recordado que los propios estatutos de YPF aluden a la necesidad de que el Estado lance una opa en caso de que desee recuperar el control de la sociedad.
Repsol dice disponer de "alternativas para fortalecer sus cuentas" tras la expropiación, así como de una "sólida posición financiera y de liquidez" al margen tanto de la empresa argentina como de Gas Natural Fenosa, en la que tiene un 30%.
En cuanto al préstamo concedido al Grupo Petersen, recuerda que la reducción de participación de Repsol en YPF por debajo del 50% no es "voluntaria", por lo que la petrolera española no está vulnerando el acuerdo suscrito con el inversor argentino.
Por otro lado, Repsol indica, en alusión a la deuda suscrita por YPF, que la petrolera española "no garantiza" el pasivo de la empresa argentina y que no hay "indicaciones de posibilidad de impago".
