Las renovables recurrirían las tasas por confiscatorias y discriminatorias

Los abogados de las empresas del sector eléctrico estudian los argumentos legales contra la nueva fiscalidad que el Gobierno les está reservando y que, a la luz de un documento del Ejecutivo, se traduciría en tributos a la venta de energía que varían por tecnologías. Según las citadas medidas, a la fotovoltaica se le aplicaría un 19%; a la eólica, un 11%; a la termosolar, el 13%; un 4,5% a la biomasa y otro 4% y 3%, respectivamente, a la cogeneración y la minihidráulica.

Fuentes jurídicas aseguran que estos gravámanes se podrían recurrir en el caso de que se aprueben en los términos previstos por ser "confiscatorios, discriminatorios" y por crear "inseguridad jurídica", pues, en el caso de las renovables, se trataría de un recorte de primas "por la puerta de atrás". Algunas empresas calculan que estos tributos "se comerían" un tercio de las primas.

En cuanto a su carácter confiscatorio, la Ley General Tributaria exige que los gravámenes sean proporcionales a la capacidad contributiva de la renta neta disponible del sujeto. Aunque no hay un umbral fijo, este podría situarse en el 60% del beneficio. Así, en el caso de la fotovoltaica, si el 19% que se le aplicara superase su beneficio neto, "no habría dudas de que el impuesto sería lesivo", señalan las mismas fuentes.

Los futuros tributos se consideran también discriminatorios pues, en el caso de la energía no gestionable (eólica y fotovoltaica) no podrían trasladar su coste al precio final, como sí podrían hacer las centrales del régimen ordinario que fijan el precio marginal en el mercado mayorista, como los ciclos combinados o el carbón, a los que se gravaría con otro impuesto del 4%. Otro motivo de discriminación que señalan las solares es la aplicación de porcentajes distintos por producir lo mismo.

En general, las energías inframarginales (que no marcan precio en el pool) no tendrían la posibilidad de repercutir los impuestos. Entre ellas están también la nuclear y la hidráulica, a las que el Gobierno podría aplicar además una tasa y un canon específico de 10 y 15 euros MWh, respectivamente.

Llegados a este punto, hay quien considera que con los impuestos o ecotasas de las autonomías (hasta 16 tributos en siete regiones) se produciría una doble imposición. Pero no hay consenso al respecto pues, de hecho, la factura de la luz está gravado con dos impuestos, el de la electricidad, que recaudan las autonomías, y el IVA. La cuestión es que las ecotasas se aplican por razones medioambientales y los del Estado, para recaudar. Aunque el resultado en ambos casos sea recaudatorio, los gobiernos regionales se cuidan mucho de no reconocerlo expresamente. De momento, las afectadas han desplegado toda su artillería para presionar al Gobierno y, de no tener éxito, la llevarían al Parlamento cuando se tramite la ley. Todo para evitar un pleito que se augura difícil pues se tratará de una norma con rango de ley.

Como la fiscalidad energética está perfectamente delimitada en dos directivas, los abogados del Estado y los técnicos de Hacienda están analizando con lupa las medidas antes de su aprobación, para cerrar la vía más clara a un recurso de las empresas. Este sería uno de los motivos del retraso, amén de las maniobras del lobby eléctrico.