Las cuatro asociaciones de energía solar (APPA -y sus divisiones de Eólica y Biomasa-, Anpier, Protermosolar y UNEF) han hecho un frente común para denunciar las últimas medidas del Gobierno, que se han cebado una vez más en este tipo de tecnología y supone un recorte de sus ingresos de al menos 500 millones de euros. El presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha asegurado en una rueda de prensa celebrada esta mañana que en la lucha contra el déficit de tarifa "solo se estudian las alternativas de Unesa". En su opinión, el déficit "es un problema puntual, que se ha generado en pocos años".
Villarig se lamentó de la "acumulación de medidas aprobadas contra las renovables", que se han saltado "la seguridad jurídica y son discriminatorias y confiscatorias", en alusión al recorte de primas del RDL 14/2010; a la moratoria del año pasado; los nuevos impuestos a la energía que entraron en vigor el 1 de enero y el RDL aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros que elimina la referencia del IPC para revisar la retribución anual así como la opción de vender a precios de mercado compensados con una prima.
Los responsables de estas asociaciones, que al unísono pidieron que, al menos, la norma se tramite como un proyecto de ley en el Parlamento, van a plantar cara al Gobierno denunciando estas medidas en todas las instancias judiciales posibles y ante la opinión pública.
Al tratarse de una norma con rango de ley las afectadas no pueden denunciarla, pero van a promover un recurso de inconstitucionalidad que se puede presentar a iniciativa de las comunidades autónomas y de 50 diputados o 50 senadores. Por sí mismas solo pueden denunciar en los tribunales las liquidaciones de la CNE, pero tendrían que esperar a que se hagan definitivas (en 2014). Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, la asociación que aglutina a las fotovoltaicas más pequeñas, recordó las medidas que las empresas afectadas han adoptado ya contra los recortes iniciados por el Gobierno del PSOE y continuados por el Gobierno del PP, "que nos ha dejado en la cuneta".
Contra el RDL 14/2010 tres comunidades autónomas presentaron recurso de inconstitucionalidad; se presentaron cientos de miles de reclamaciones ante Industria por daño patrimonial, y que, dando por sentado que serán desestimadas por el ministerio, llevarán al Tribunal Supremo; se está esperando a las liquidaciones definitivas de la CNE para denunciarlas ante la Audiencia Nacional y los inversores extranjeros (un 20% de la potencia fotovoltaica está en sus manos) han acudido a arbitrajes contra el Reino de España.
El resultado de estos pleitos, que son los primeros que se resolverán y que Martínez-Aroca prevé favorables a los demandantes, beneficiarían indirectamente a los inversores españoles.
Los productores de energías verdes se consideran discriminados respecto al régimen ordinario y recordaron cómo los costes previstos en los peajes de este año los ingresos de la distribución aumentan un 11%; los del transporte un 13,5% y la interrumpibilidad a la industria un 54%. Y arremetieron contra el mercado mayorista que favorece a la nuclear y hidráulica. "No tendríamos nada que decir si nos trataran igual que a las eléctricas", señaló uno de los presidentes.
El Gobierno es "nuestro principal enemigo"
En la rueda de prensa colectiva celebrada esta mañana en Madrid, no faltaron duras palabras contra el Gobierno de Rajoy y su ministro de Industria, José Manuel Soria, al que acusaron de difamar al sector y de haberse convertido "en su principal enemigo" practicando una políticas de "acoso y derribo". Las cuatro asociaciones del sector solar y las divisiones de biomasa y eólica de APPA, le han acusado de confundir las renovables con el régimen especial (en el que también se integra la cogeneración que supone un 25% de las primas) y, sobre todo, de no haber contado con ellos ni siquiera para informarles previamente.
En la comparecencia ante los medios estuvo presente el responsable de la división eólica de APPA, Santiago Gómez, la tecnología más afectada por la desaparición de la opción de mercado más prima (a la que recurrieron en un 90% en enero). La eólica que es la tecnología "más implantada", ha recibido un golpe "en plena línea de flotación", que además de esta medida sufrirá el impacto del 7% del nuevo impuesto a la generación y del 3% por el cambio relativo al IPC.
En cuanto a la termosolar, quizá la más criticada por ser la última en incorporarse y ser considerada la más cara, el conjunto de medidas le supondrá una caída de ingresos del 33%. En su caso, hay que sumar la eliminación de la retribución por gas (el combustible utilizado en la producción), que supone un recorte del 15%, según el presidente de Protermosolar, Luis Crespo, que aseguró que Soria está "argentinizando España".
En cuanto a la biomasa, el responsable de APPA Biomasa, Manuel García, recordó que un 75% de los costes están referenciados al IPC, y pidió medidas específicas (incentivos regionales para el desarrollo rural), y subrayó que ya se ha producido algún cierre por falta de rentabilidad, como el de la planta de Iberdrola en Guadalajara.
