La regulación de la nueva red ultrarrápida de Telefónica divide al consejo de la CMT
El consejo de la CMT no ha sido ajeno a la polémica que ha despertado en el exterior la regulación de la nueva red de banda ancha de Telefónica, llamada a marcar el futuro de las telecomunicaciones españolas. El vicepresidente y una consejera han votado en contra de la normativa ante el temor de que la excesiva libertad para el ex monopolio dañe la competencia.
La rotundidad de algunas afirmaciones no deja lugar a dudas sobre el grado de rechazo. 'Este modelo regulatorio tiene en mi opinión un alto riesgo de caer en una remonopolización del mercado', sentencia el vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Marcel Coderch. 'Como primera aproximación, creo que esta resolución diseña un entorno regulatorio indefinido en buena medida, confuso y generador de una creciente conflictividad entre los operadores', argumenta, por su parte, la consejera Inmaculada López.
Ambas afirmaciones están recogidas en los votos particulares que acompañan a la resolución aprobada el jueves pasado, en la que se da vía libre a la nueva red de alta velocidad de Telefónica y se impone la regulación a la que se verá sometida.
La red ultrarrápida, basada en la fibra, permitirá que los hogares naveguen por internet a velocidades de 100 megas y tengan acceso a la televisión de alta definición. Es la infraestructura de la nueva era de las telecomunicaciones y su regulación es vital para definir el futuro. Un exceso de normativa, que forzara a Telefónica a compartir en su totalidad la nueva red con sus rivales, podría desincentivar las inversiones del ex monopolio; la ausencia de obligaciones podría impedir la supervivencia de los competidores y provocaría un regreso a la operadora única.
La CMT ha intentado buscar una regulación intermedia, aunque más cerca de la segunda opción, con el objetivo de promover la competencia en infraestructuras y el desarrollo de inversiones. El resultado es que Telefónica tendrá la red para ella sola en ofertas que tengan velocidades superiores a 30 megas. A cambio, tendrá que dar acceso mayorista en capacidades menores y deberá abrir los conductos, la infraestructura civil, a sus rivales, para que la usen para introducir su propia fibra.
Pero dos personas, uno de ellos el vicepresidente, dentro de un consejo de nueve miembros consideran que la regulación es equivocada, imprecisa, demasiado laxa para Telefónica y perjudicial para la competencia.
Para Marcel Coderch, el principal problema es que la CMT no se ha parado a estudiar y analizar si la exigencia que le está haciendo a los rivales de Telefónica de desplegar su propia red tiene viabilidad económica y puede ser rentabilizada. 'Esta CMT asume un riesgo excesivo de forzar inversiones ineficientes al colocar a los operadores alternativos ante la disyuntiva de intentar seguir al incumbente o correr un elevado riesgo de quedar excluidos del mercado', explica. El vicepresidente cree que la viabilidad económica del modelo elegido por el regulador 'plantea muchos interrogantes' y se lamenta de que no se hayan impuesto a Telefónica obligaciones intermedias que ayuden a los rivales en su camino de construcción de redes.
El segundo voto particular, el de Inmaculada López, coincide en la crítica a la ausencia de estudios y análisis que permitan a la CMT fundamentar su regulación. La consejera acusa al organismo de tomar decisiones arriesgadas sin base para ello y vaticina un periodo de elevada conflictividad y problemas para los rivales de Telefónica.
Revés para las operadoras alternativas
El consejo de la CMT que aprobó la regulación para la nueva red también estudió el recurso interpuesto por Vodafone, France Télécom, Jazztel y la patronal de las operadoras alternativas, Astel, contra la decisión que permite a Telefónica sacar clientes de las centrales y darles servicio desde una subcentral a la que sus rivales no tienen acceso. La CMT se reafirmó en su decisión, lo que supone un nuevo revés para los alternativos.