Desde el pasado mes de marzo, el sector eléctrico se mantiene en un sin vivir esperando una supuesta reforma energética de la cual, durante meses, las principales empresas del mismo juraron no tener noticia alguna. Tras un primer paquete de medidas aprobado en marzo casi por sorpresa, y que costó a las cinco grandes integradas en Unesa un recorte de ingresos de unos 900 millones de euros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció una segunda fase que, según sus propias palabras, estaría lista, primero, en mayo; después, en la segunda quincena de junio y, más tarde, en la primera de julio.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el relevo del manido calendario y aseguró el viernes, 13, que la reforma energética se aprobaría "en julio" y lo ha recuperado de nuevo Soria para anunciar un nuevo aplazamiento. En otras palabras, que ya nos vamos al mes de agosto.
Llegados a este punto, bien podría afirmarse que la reforma ha muerto antes de nacer. Al menos, la elaborada por el Ministerio de Industria y que supuestamente estaba pactada con el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y con el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y es que la mal llamada reforma, como dijo el propio Mariano Rajoy en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no es más que "un nuevo esquema de fiscalidad energética".
La situación ha cambiado radicalmente desde que se filtrara a los medios el paquete de medidas, que se resumen en impuestos sobre la venta de energía, cuyo porcentaje varía en función de las distintas tecnologías y perjudica a las que no pueden trasladar el coste de dicho tributo al precio final. También tasas a la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 euros por MWh, respectivamente. Conocer el origen de la filtración podría arrojar alguna luz sobre las supuestas diferencias entre Industria y Hacienda respecto a estos gravámenes. La filtración se atribuye a Álvaro Nadal y con ella pretendía testar el grado de aceptación o rechazo hacia estas medidas.
El primer rechazo ha sido interno: pese a los meses invertidos en la elaboración de las medidas, que deben incluirse en una ley, hay quien asegura que los abogados del Estado se han percatado de que son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas. Pero más bien han sido los servicios jurídicos de los distintos subsectores los que han hecho llegar al Gobierno que la nueva fiscalidad es "confiscatoria, discriminatoria y crea la misma inseguridad jurídica que un recorte de primas a las renovables", pues es realmente una detracción de primas por la puerta de atrás. Además, no respetaría el derecho comunitario relativo a la tributación de la actividad eléctrica.
En un proceso sin negociación de Soria o Nadal con los afectados, las empresas han desplegado toda su artillería pesada por tierra, mar y aire contra unas medidas que el Gobierno se disponía a aprobar. Las presiones han llegado de la mano de fondos de inversión con intereses en el sector de las renovables y de los bancos que financian multitud de proyectos totalmente apalancados.
Es conocida la intervención de algunos embajadores, como el de Francia o el de Estados Unidos, que mantuvo una reunión con el titular de Industria y de la que -dicen- salió muy decepcionado. También las grandes eléctricas (muchas de ellas con políticos en sus consejos) han contribuido lo suyo a desmontar las medidas.
El propio Fulvio Conti, consejero delegado de la italiana Enel, propietaria de Endesa, pidió recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se repensara bien la aplicación casi improvisada de unos tributos que tendría graves consecuencias para uno de los sectores que aún se mantienen en pie a pesar de la crisis económica que vive el país.
Eliminado el efecto sorpresa, sin el cual no era posible aprobar los nuevos tributos sin presiones, el citado paquete de medidas se puede considerar papel mojado. No ha sido posible por las diferencias internas y las dudas de que la recaudación por venta de energía sirviese más para recortar el déficit público que el de la tarifa.
Sea en el Consejo de Ministros del 3 de agosto o sea en el previsto para el 24 de ese mes, todo indica que, de aprobarse, las medidas no se parecerían a las que se han conocido en las últimas semanas. A pesar de que el Gobierno cumpliría así su promesa de que el Estado (a través de los contribuyentes) contribuirá también a paliar el problema del déficit de tarifa. Quien más lo ha repetido es el propio Soria, del que se rumorea que podría presentar su dimisión si no se admite su propuesta.
Muchas voces reclaman ahora medidas más suaves y aplazar una vez más la resolución del problema del déficit tarifario, evitando así echar más leña al fuego de la crisis de la deuda soberana y del fantasma de la intervención. Lo que debería haber hecho Industria -vienen a decir los críticos- es una reforma de verdad, acometiendo cambios estructurales del mercado eléctrico o las subastas y, de esta manera, no tendría que haber dado cuenta a Hacienda.
Lo cierto es que las medidas fiscales, si no conllevan una reforma del sistema, solo servirán para absorber el déficit de tarifa acumulado pero no pondrá coto al que se pueda seguir generando en el futuro.
