En uno de los pocos documentos que se han filtrado (siempre de forma parcial) de la llamada reforma eléctrica figura un "impuesto progresivo sobre la venta de energía" que, en principio, se aplicaría a los ingresos de todas las compañías del sector por su actividad de generación y afectaría a todas las tecnologías. Al ser progresivo, el gravamen se aplicaría por tramos (a más ingresos, mayor tributación), distinguiendo entre las energías gestionables (las convencionales, como la térmica, hidráulica, etc.) y las no gestionables (como la eólica o fotovoltaica), que se verían más perjudicadas.
Este impuesto gravaría, por lo tanto, los ingresos de las plantas de renovables, que temen y rechazan un posible gravamen en función de la eficiencia (ratio entre la producción y el coste) o un recorte o aplazamiento del cobro de las primas que reciben. La fotovoltaica con tarifa regulada sería la verdaderamente discriminada, pues es la única que no puede repercutir el tributo en el precio final.
Las tres sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado este año en favor de la Administración sobre las demandas presentados por distintas asociaciones fotovoltaicas contra el Real Decreto 1.565/2010, que incluía un recorte de las horas primadas, podría animar al Gobierno a optar por esta vía en lugar de un tributo o tasa, que siempre sería más difícil de gestionar.
La última de las sentencias citadas fue convenientemente filtrada la semana pasada por Unesa, que denunció también el viernes ante la Comisión Europea que la causa del déficit de tarifa español son las abultadas primas que recibe el régimen especial.
En estos momentos, el panorama se asemeja a una jaula de grillos, de la que, al menos, ha desaparecido la voz del ministro de Industria, José Manuel Soria, experto en sembrar la confusión con sus declaraciones y previsiones. Confusa y cambiante ha sido la fecha para la aprobación de la reforma (un real decreto-ley para ajustar los costes del sistema y una ley para incrementar o crear tributos y/o tasas). De la segunda quincena de junio se pasó a la primera de julio y así hasta el día de hoy.
A nadie extraña ya que las medidas, cuya tardanza ha sido criticada por las empresas por la incertidumbre que generan en el mercado, se aprueben en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales, el 3 de agosto, y que no se conozcan en sus justos términos hasta el último minuto. El retraso en la aprobación de la reforma energética es cada vez más palpable dado que se va a cruzar con el severo ajuste del gasto público, incluida la subida del IVA, que el Gobierno aprobará en breve.
Pero, ¿en qué tejado está en estos momentos la pelota? Fuentes próximas a Industria aseguran que el grueso de las medidas se cuecen en Hacienda, pues son de tipo fiscal. Por su parte, en el ministerio que dirige Cristóbal Montoro señalan que la reforma la está comandando Industria. Y ya en círculos empresariales se afirma que la batuta está en manos del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y que la última palabra la pronunciará Mariano Rajoy.
Los técnicos de Hacienda estudian las distintas variables tributarias, después de que su titular se haya negado a renunciar al céntimo verde, un recargo del impuesto sobre hidrocarburos con el que Soria aspiraba a sufragar las primas de las energías renovables. Encima de la mesa está el citado impuesto sobre la venta de energía (no sobre la producción, como se aseguró en un principio), que pasarían a engrosar las arcas públicas y solo indirectamente en el sistema eléctrico y la modalidad de tasa, que habría que modificar cada año, pero que tiene la ventaja política de que sería finalista y se podría destinar a sufragar el déficit de tarifa.
En este sentido, el ministerio está analizando el maremágnum de tasas medioambientales que aplican las distintas comunidades autónomas y que Unesa ha diseccionado con la ayuda de PwC. Esta consultora ha elaborado un informe por cuenta de la patronal de las grandes eléctricas, que ha entregado al Gobierno.
Además del panorama fiscal autonómico, la tasa sobre la generación tiene otros inconvenientes, pues equivaldría a un canon o peaje, que ya pagan las eléctricas por el uso de las redes, que están en el límite permitido por la UE (0,5 euros/MW) y forma parte de sus costes variables.
Hay quien considera que si las medidas de la reforma no se han filtrado es porque aún no está atada y porque las distintas opciones siguen abiertas y moldeables. El Gobierno está dando tanto margen a los distintos lobbies que no es de extrañar que sus medidas de presión tengan éxito. De hecho, desde que se conoció que el Gobierno estudiaba una tasa a las renovables, que podría suponer al año 850 millones de euros, la movilización del sector ha llegado incluso a la City londinense.
Desde allí, casi una docena de fondos de inversión han remitido sendas cartas de protesta al Gobierno español (incluido el presidente Rajoy) y el británico, amén de numerosos comunicados en los que reclaman, esencialmente, seguridad jurídica y alertan incluso de la "muerte del sector". El sector de la energía solar, con algunos intereses contrapuestos, como la fotovoltaica y la termosolar, se unieron la semana pasada en la propuesta.
Y es que los proyectos termosolares prerregistrados en Industria (unos 1.200 MW) no las tienen todas consigo. Aunque se libraron de la moratoria aprobada a finales de año por el Gobierno, temen que la nueva reforma les depare alguna desagradable sorpresa.
