El "regalo" que el Gobierno de Evo Morales le hizo a los bolivianos el Día del Trabajo (la privatización de la filial local de Red Eléctrica), le podría costar al país andino más de 90 millones de dólares (unos 67 millones de euros), una cantidad superior a la deuda que España le condonó hace pocos años. La compañía española con un 20% en manos del Estado, señaló ayer en un comunicado que "respeta la decisión soberana de Bolivia" de nacionalizar la Transportadora de Electricidad (TDE), siempre que se atenga al derecho internacional. Y se pone "a disposición" del Gobierno de Morales para negociar una "compensación adecuada" a los intereses de sus accionistas.
Aunque el decreto de expropiación no fija los criterios de valoración, sí señala que será "una empresa independiente" elegida por la estatal Ende, segunda transportista eléctrica del país con un 20% de las redes de alta tensión (TDE, el 80%) la que hará la valoración, del que se descontará la deuda de la empresa. REE afinó ayer los datos de inversión en Bolivia: a los 74 millones de dólares invertidos desde 2002, añadió otros 14 millones en proyectos iniciados (los citados 88 millones).
Esta cantidad equivale al precio pagado por la empresa (otros 91 millones de dólares), "lo que refleja el compromiso de REE con Bolivia", indica la nota de prensa. El justiprecio debería incluir ambas cifras, restada la retribución recibida y la deuda de la empresa. Todo apunta a que habrá un arbitraje.
En realidad, TDE ha realizado las inversiones que le asignaba el Gobierno boliviano, que se han ido desviando hacia Ende, una empresa de reciente creación. Fuentes empresariales aseguran que la rentabilidad de REE en Bolivia es similar a la de aquí, aunque su peso, tanto en ingresos de explotación y ebitda es de aproximadamente un 1,5%. La compañía tiene el 35% de otra transportista similar en Perú, Redesur, que supone otro 1% de su negocio.
El Gobierno, que recibió ayer por sorpresa la noticia, ha decidido quitar dramatismo a esta expropiación, lo que choca con la alarma generada con la de YPF por parte del Gobierno argentino. Ni siquiera el embajador de España en Bolivia, presente el martes en la inauguración de una planta de Repsol en Campo Margarita, sabía nada de la medida. Pero, "aunque cuantitativamente sea menor, incluso su presencia en Bolivia es un riesgo que ahora desaparece, cualitativamente es más importante, pues REE es una empresa pública española", señala la misma fuente.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, calificó ayer de "negativa" la nacionalización de TDE, pero indicó que el Gobierno de Morales ha garantizado que compensará a REE por la expropiación y las inversiones realizadas en el país. "Lo que ha garantizado Bolivia es que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar" para que haya un "justiprecio". Así se lo transmitió el Gobierno boliviano en los contactos mantenidos con el Ejecutivo español.
Folgado y el efecto contagio de Argentina
Varias son las razones que, según fuentes del sector, han llevado a Evo Morales a nacionalizar la filial de REE, segunda operación de este tipo en Latinoamérica en el último mes. Por un lado, la debilidad económica y política con que se ve a España y, por otro, los problemas internos del propio presidente boliviano, así como la falta de una reacción contundente (más allá de las palabras) por parte de España y la UE ante el expolio de YPF a Repsol en Argentina.
Más allá de Bolivia, hasta ahora tampoco corrían buenos tiempos para la propia REE. Desde su llegada a la presidencia el 8 de marzo, José Folgado, que no ha comparecido públicamente para dar cuenta de la crisis boliviana y ni siquiera firmó ayer el hecho relevante enviado a la CNMV, la cotización de la compañía se ha derrumbado, un 15%, al pasar de 38,4 euros por acción a 30 euros ayer.
Folgado se estrenó en la presidencia de REE, en la que relevó a Luis Atienza, con una caída en Bolsa del 7%, que coincidió con la publicación de las propuestas de la Comisión de la Energía (CNE) sobre la reforma para acabar con el déficit de tarifa. El informe de la CNE recomendaba, entre otras, una revisión de la retribución de las redes eléctricas. Tras las protestas de Folgado, Industria recriminó al regulador la publicación de un dictamen a la que está obligado por ley.
Poco después, el nuevo presidente tuvo que dar marcha atrás en el polémico nombramiento de dos consejeros: Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y Alberto Nadal, hermano del jefe de la Oficina Económica de Moncloa.
Por otro lado, aunque finalmente la reforma energética recorta los ingresos a la distribución y salva al transporte, los inversores mantienen sus reticencias ante la segunda reforma energética anunciada pero aún pendiente.
