El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado el polémico anteproyecto de ley de disolución de los organismos reguladores de la energía (CNE); de las telecos (CMT) y la Comisión de la Competencia (CNC), por el que se crea la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Este desempeñará únicamente las funciones de supervisión de aquellos, ya que las propiamente regulatorias pasarán a los correspondientes ministerios.
El texto, al que ha tenido acceso CincoDías, mantiene en esencia la propuesta original que se conoció en febrero, pese a que fue muy criticada por la Comisión Europea y toda la oposición parlamentaria. De hecho, tras las quejas públicas de partidos como PNV o CiU y de la posición contraria de Bruselas, se daba casi por hecho que el Gobierno rectificaría y fusionaría solo los reguladores sectoriales dejando al margen a Competencia. Además de la CNE y la CMT, funcionan o están en proceso de creación los supervisores del sector postal, el ferroviario, audiovisual, aeroportuario y del juego.
El Gobierno incluyó la fusión de los reguladores en el Programa Nacional de Reformas, que fue analizado en mayo por la Comisión Europea. Esta criticó el nuevo sistema por considerar que "no llevaría a cabo su actividad reguladora de manera eficiente e independiente". Previamente, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, había advertido que vigilaría que el plan del Gobierno español cumpliese la normativa de la UE, que exige su plena independencia.
El nuevo texto, que el Gobierno quiere empezar a tramitar en el Congreso a a partir de octubre, precisa de una forma más clara las atribuciones y el reparto de competencias de la nueva CNMC, un organismo independiente que ya no estará "adscrito" a Economía, tal como figuraba en el texto inicial. El cambio más importante respecto a la redacción inicial, quizás como consecuencia de las advertencias de Bruselas, es que el nuevo organismo como autoridad de la competencia mantendrá la potestad de abrir expedientes e investigar casos que vulneren el libre mercado.
La intención del Gobierno de Mariano Rajoy, al que se ha acusado de haber cedido ante las presiones de las grandes empresas en su afán de debilitar a los organismos reguladores, era recuperar dicha labor de investigación para el Ministerio de Economía. En otras palabras, volver al sistema anterior a 2007, por el cual, los llamados Servicios de la Competencia (era una dirección general) abrían expedientes, investigaban y ya la fase final de apertura de expedientes sancionadores se trasladaba al viejo Tribunal de Defensa de la Competencia.
El nuevo anteproyecto es más extenso que el primero y, entre otros, regula la estructura de funcionamiento de la CNMC. Esta contará con un presidente y un consejo de administración y cuatro direcciones: la de Competencia; la de Telecomunicaciones y Sector audiovisual; la de Energía y la de Transporte y sector postal, que se encargarán de la instrucción de los expedientes relativos a sus propias áreas.
Aunque estas direcciones actuarán con independencia del consejo, los directores serán nombrados por el Gobierno mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Economía. El consejo tendrá nueve miembros nombrados por el Gobierno, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados, y su mandato será de seis años sin posibilidad de reelección. Los consejeros, a su vez, elegirán por votación secreta al presidente, que será nombrado por el Gobierno por tres años.
El anteproyecto establece un periodo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley para la puesta en funcionamiento del nuevo organismo, si bien, se calcula que hasta medidos del año que viene esto no ocurriría.
¿Sede en Madrid?
Los partidos de la oposición han presionado en los últimos meses para evitar la fusión de los reguladores, al menos, la de la CNC, y darán la batalla en el trámite parlamentario. En el primer anteproyecto (no ya en el segundo) figuraba que la sede de la nueva CNMC estaría en Madrid.
El IDAE asumirá parte del trabajo
Las funciones de la CNMC en el ámbito energético incluidas en el nuevo anteproyecto de ley de fusión de los reguladores (entre ellas, fijar la metodología para marcar los peajes de acceso a las redes) se han ampliado de forma considerable respecto al texto inicial. Por ejemplo, podrá supervisar las inversiones del gestor del sistema o de generación y la gestión del déficit de tarifa.
Aunque la fusión se ha querido justificar en los ahorros que conllevará para las cuentas públicas, tales ahorros no se producirán, pues estos organismos se financian con tasas (vía tarifa eléctrica, en el caso de la CNE, o vía operadoras, caso de la CMT). Por el contrario, Industria deberá asumir las funciones regulatorias de estas entidades y, por tanto, reforzar sus equipos.
Fuentes del sector aseguran que las liquidaciones del sistema eléctrico, una de las tareas más importantes de la CNE, y algunas más, las realizará el IDAE. No en vano, en el real decreto-ley de estabilidad presupuestaria aprobado el 14 de julio se ampliaban las funciones de este instituto, que se convierte en un mero instrumento de la Administración. Así, dicha norma establece que, además de sus funciones, el IDAE "prestará asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria", cuando este se lo requiera. Y será "un medio propio instrumental y de servicio técnico" de la Administración del Estado "para los trabajos que se le encomienden".
