La entidad que agrupa a las principales discográficas multinacionales e independientes españolas, Promusicae, ha convocado una movilización para mañana frente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El lema: "La música es cultura. La música es empleo". Durante el acto, representantes de esta asociación entregarán al ministro de Industria, Miguel Sebastián, un manifiesto, que ha sido firmado por más de 2.000 profesionales de esta industria.

El motivo de la protesta es la piratería en internet que, según afirman, está acabando con la industria cultural. Desde Promusicae se quejan de que se han perdido por esta razón miles de puestos de trabajo y aseguran que no es posible desarrollar iniciativas de comercialización de contenidos digitales porque se compite contra el gratis total. "Si la música, el cine o la literatura son cultura y la cultura es empleo, queremos que se actúe en consecuencia de una vez por todas", reclaman. En una nota en la que convoca a la movilización, Promusicae exige al Gobierno que "legisle adecuadamente para acabar con esta sangría".

Su presidente, Antonio Guisasola, también aprovechó la pasada edición de Ficod, la Feria de los Contenidos Digitales, celebrada hace unos días en Madrid, para reclamar al ejecutivo un esfuerzo en la legislación de la propiedad intelectual en la red.

La movilización podría interpretarse como una manera de presionar al Gobierno de Zapatero que ultima la norma que regulará las descargas de internet.

Precisamente, la comisión interministerial, constituida el pasado mes de octubre para buscar una solución al problema de las descargas ilegales, debe presentar sus propuestas legislativas antes del 10 de diciembre para ser elevadas a consejo de ministros antes del 31 de diciembre.

En cualquier caso, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde dejó claro en Ficod y más tarde en unas declaraciones en Aviñón (Francia), donde se entrevistó con el ministro francés de Cultura, Frédéric Mitterrand, que en España no se va a criminalizar al usuario final y sólo se perseguirá a los portales de descargas masivas. Es decir, que la normativa que prepara el Gobierno español no se plantea seguir el modelo francés.