Un juzgado de Barcelona ha procesado a 115 personas que han sido acusadas por la Guardia Civil de falsear contratos de líneas telefónicas de más de 350 usuarios de 29 provincias españolas.

Los acusados falsificaban las firmas de los usuarios, normalmente personas de edad avanzada, o les engañaban para tramitarles un cambio de operador telefónico que no habían solicitado. La investigación se inició hace un año y los investigadores han encontrado 116 contratos en los que se habían falsificado las firmas de los usuarios y otros 186 se tramitaron después de engañarles y que accedieran a firmarlos.

La compañía Ono se ha personado en la causa como parte perjudicada, ya que los 115 imputados son empleados de una empresa subcontratada que comercializaba sus productos de telefonía y que, para aumentar sus retribuciones, presuntamente han falsificado firmas de usuarios o les ha engañado para tramitar sus solicitudes de cambio de operador.

Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año a raíz de las numerosas reclamaciones interpuestas ante una organización de consumidores por personas que se habían visto afectadas por estos hechos.

Paralelamente, el juzgado de Guardia de Barcelona recibió una denuncia interpuesta contra la compañía de telefonía que le reclamaba una facturación por el servicio realizado por un cambio de operador no autorizado.

Al tener conocimiento de esta denuncia, la empresa suministradora del servicio -Ono- interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos y puso a disposición del juez 851 contratos de preasignación tramitados entre los años 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados.