Según el periódico, el Gobierno está debatiendo en estos momentos si expropiar YPF o si la someterá a una intervención. "En eso no hay marcha atrás (en referencia a la toma de control de la firma)", dijeron fuentes oficiales al diario. El mayor grupo energético del país, controlado por la española Repsol, está bajo presión del Gobierno nacional y de los distritos petroleros, que en las últimas semanas le quitaron la concesión de algunas áreas petroleras.
Las autoridades cuestionan la política de dividendos de la empresa, que reparte entre el 80 y el 90 por ciento de sus utilidades entre los accionistas.
"Repsol tiene un modelo extractivo para YPF que no nos sirve. La lógica de la empresa no contempla la reinversión de utilidades y aportes de capital como para explorar y explotar en función de lo que requiere el país", dijeron fuentes oficiales a este diario y recogido por la agencia Reuters.
Los dividendos de YPF se reparten mayormente entre Repsol-YPF, con un 57,43% de la compañía, y el argentino Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que controla un 25,46%.
La empresa asegura que ha cumplido con las inversiones comprometidas y que se presentará a la justicia por la reversión de las concesiones en las diferentes provincias. El miércoles pasado presentó una medida cautelar por la quita realizada en la provincia de Chubut, la mayor productora de crudo de Argentina.
El Gobierno de esa provincia anunció que le retirará varias concesiones a YPF que representan cerca del 7% de la producción total de petróleo de la empresa. Los distritos de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Salta también anunciaron la quita de licencias a la compañía, pero las áreas afectadas tienen una producción poco significativa.
Casi nueve años de fuerte crecimiento económico dispararon la demanda de energía en Argentina, mientras que las reservas y la producción de hidrocarburos cayeron por la falta de inversiones.
La caída de la producción ha forzado al Gobierno a realizar millonarias importaciones de energía, que afectan el superávit comercial, uno de los pilares de la política económica de la presidenta Cristina Fernández.
Las reservas de crudo y gas natural de Argentina cayeron un 15 y un 31 por ciento, respectivamente, entre 2007 y 2010. Analistas dijeron que la causa es un sistema de precios energéticos controlados por el Estado que desincentiva la inversión.
