La ley da garantías a los inversores en un tema que está actualmente desarrollándose, como son los fondos sobre bienes como el arte, los sellos, etcétera...'. Estas palabras las pronunció el 16 de octubre de 2003 el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte en el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de Instituciones de Inversión Colectiva, norma que salió adelante en su actual redacción sin el concurso del PSOE, entonces representado en este trámite parlamentario por la diputada María Teresa Costa, hoy presidenta de la Comisión Nacional de la Energía.

Fuentes del Ministerio de Economía recordaron ayer que sobre este tipo de instituciones se pronunciaron en aquel entonces en informes internos la CNMV, el Banco de España y la Abogacía del Estado. En sus análisis concluyeron que sociedades como Afinsa o Fórum Filatélico no podían ser consideradas como entidades de inversión, criterio, entre otros, que llevó al Gobierno del PP a dejarlas fuera del control de los organismos supervisores y a desplazar hacia las autoridades de Consumo, dependientes de Sanidad, esta tarea, muy complicada de acometer si se tiene en cuenta que se trata de competencias transferidas a las comunidades. En aquel año la titular de la cartera era Ana Pastor.

Para ello, el Partido Popular introdujo en el Senado una disposición adicional a la ley de Instituciones de Inversión Colectiva, concretamente la número cuatro, en la que no se prevé desarrollo reglamentario alguno. El PSOE votó en contra de esta disposición y así lo dejó patente en el correspondiente debate parlamentario.

Martínez Pujalte no recuerda si en esa ocasión recibió o no a algún colectivo interesado en que este tipo de empresas quedaran fuera del control de los organismos supervisores 'porque hace mucho tiempo'. No obstante, reprocha al Gobierno de Zapatero 'que no haya desarrollado la norma y, sobre todo, que haya ocultado a los inversores los hechos que la Agencia Tributaria conocía desde julio de 2005'. 'El Gobierno', dijo ayer, 'se ha metido en un lío muy gordo'.

Cuando el Ejecutivo del PP desvió desde Economía a Consumo la tarea de vigilancia de estas actividades de compra venta de sellos, obras de arte y antigüedades, el director de Gabinete del entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato, era Manuel Lamela, hoy situado en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.