El goteo de autopistas españolas en riesgo de quiebra tiene en la sociedad concesionaria Aucosta, participada por Ploder, Globalvía, Unicaja, BMN y CAM, uno de sus casos más acuciantes. La empresa que opera la carretera murciana entre Cartagena y Vera está pidiendo a sus bancos acreedores una prórroga para poder refinanciar en mejores condiciones una deuda que alcanza los 500 millones de euros y que tiene en este martes su fecha de vencimiento.
Como ha sucedido en el caso de la madrileña Radial 4, explotada por Ferrovial y Sacyr, Aucosta espera un balón de oxígeno en forma de tiempo con el fin de llegar a las ayudas que el sector está reclamando al Ministerio de Fomento. La principal vía de solución demandada por el sector es la ampliación a 20 años de las cuentas de compensación que fueron articuladas en la pasada legislatura por un periodo de tres años y que vienen a salvar la diferencia entre los ingresos por tráfico real y el esperado por Administración y empresa cuando se firmó el contrato de concesión. La otra herramienta utilizada hasta ahora son los créditos participativos con el objetivo de que las concesionarias puedan afrontar principalmente los sobrecostes por las expropiaciones.
Aucosta puso en operación la Cartagena-Vera en febrero de 2004, con un periodo de explotación de 36 años. Cuando en el sector se especulaba con su complicada situación económica, fue la propia empresa la que comunicó el pasado diciembre que se veía abocada a la quiebra si no conseguía refinanciar un crédito por 500 millones firmado con un sindicato bancario, en el que se encuentran Santander, RBS, Banesto, Unicaja o Ahorro Corporación, entre otros. Su problema, como el de tantas otras autopistas, es la falta de tráfico de pago. La empresa declara una media de 1.949 vehículos diarios en 2011, lo que supone una caída del 7% respecto al año anterior.
De momento, la banca no está por la labor de respaldar unas infraestructuras en crisis y con dudoso futuro a medio plazo. En el caso de la citada radial 4, un grupo de 29 acreedores dio el pasado 17 de enero, y tras reiteradas prórrogas, un mes y medio de vida a la deuda de 550 millones a expensas de los primeros movimientos de Ana Pastor al frente del Ministerio de Fomento.
