A pesar de que el Ejecutivo se hace el remolón cada vez que la industria de la automoción le pide la renovación del plan de ayudas, las cuentas hablan a las claras: además del sector automovilístico, es el Estado uno de los principales beneficiados, directa o indirectamente, de esta política de apoyo al motor. Eso es lo que está pasando con el plan actualmente vigente.

A lo largo del primer trimestre de este año, el Gobierno ha gastado 70 millones de euros de los 100 millones que contempla el Plan 2000E (el 70% del mismo), según estima la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam). Pues bien, esta cifra que engrosa directamente el capítulo de gastos del Ejecutivo, se queda pequeña al lado de los beneficios que el Gobierno obtiene como retorno de la aplicación de dicho plan de ayudas, tanto en ingresos directos como en ahorros.

En concreto, en este tiempo de aplicación del plan, el Gobierno ha obtenido ya un superávit de 627,12 millones de euros, frente a los 70 millones gastados. De esta forma, cuando el plan quede agotado al usarse los 100 millones con los que está dotado, el Estado obtendrá un retorno estimado de 895,8 millones, es decir, casi nueve veces más que la inversión realizada.

Así, la Administración central ha ingresado en este trimestre 4,7 millones por retenciones de IRPF (el 14% sobre el salario, un porcentaje extraído de una simulación hecha en una circular sobre negociación colectiva realizada por la CEOE en 2008). Esta cantidad procede de los 5.000 trabajadores que, según asegura Ganvam, no han perdido su trabajo gracias a este plan durante este tiempo.

También, el Estado ha conseguido recaudar 2,1 millones procedentes de las aportaciones a la Seguridad Social (el porcentaje de cálculo es del 6,35% sobre salario por seguridad social, desempleo y formación profesional, según la simulación de dicha circular de la patronal de los empresarios). A estas cifras, siempre estimativas, se suma el ahorro del Gobierno por no abonar prestaciones por desempleo para estos empleados, que ascenderían a 26,9 millones.

Y es que el salario medio de un trabajador del sector de la automoción es de 2.220,63 euros en cifras ponderadas, según cálculos de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO). Y un empleado que se acoja a un expediente de regulación de empleo (ERE) cobra el 87% de esta cantidad (1.931,94 euros), considera el propio sindicato.

En cuanto al capítulo correspondientes a los vehículos, el Ejecutivo ha ingresado 510 millones por el 16% del IVA de las 143.083 matriculaciones acogidas al plan, mientras que del impuesto de matriculación -tomando de media el 4,75% al que están sujetos los coches que emiten entre 120 y 160 de CO2- ha recaudado 151,4 millones.

En este espacio temporal ha habido un total de 286.167 matriculaciones, de las que, aproximadamente, la mitad se han acogido a las ayudas, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Por su parte, acerca del precio medio de un automóvil en febrero, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) indica, en un estudio, que fue de 22.285,45 euros. Queda fuera de esta información el dinero recaudado por el Estado gracias a los impuestos de los carburantes y el tramo de ayudas de las autonomías acogidas al plan.