Las petroleras se oponen a las cuotas para proteger el biodiésel español

Las empresas petroleras dejaron muy clara su posición en las alegaciones que presentaron a finales de año ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para la elaboración del informe del organismo regulador sobre la orden ministerial que establece cuotas para el biodiésel español y comunitario. Una norma que, de momento, Industria mantiene guardada en el cajón. En el consejo consultivo del petróleo de la CNE se manifestaron, entre otras, la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP); la Unión de Petroleros Independientes (UPI); la Unión Petrolière Européene Independiente (UPEI) y el gestor de la red española de oleoductos, CLH.

En general, y con más o menos contundencia, todos ellos muestran serias reticencias al establecimiento de cupos para el biodiésel comunitario (cinco millones de toneladas anuales para los años 2011 y 2012, prorrogables, según la orden ministerial), cuyo objetivo es "evitar posibles conductas anticompetitivas o distorsiones comerciales del biodiésel originario de países distintos a los de la UE, (..) que impiden la viabilidad económica" de la industria nacional, señala la CNE, haciendo referencia a las importaciones de Argentina e Indonesia.

Para CLH, el sistema de asignación de cuotas es un mecanismo que cierra el mercado y protege a unos agentes frente a otros, lo que reduce la competencia e incrementa los precios. En este sentido, teme que las importaciones de biodiésel se vayan a sustituir por importaciones de aceites de palma, soja o colza que servirán de materia prima para fabricar biodiésel en Europa y que, al proceder de los mismos países, no mejoraría la independencia energética española, tal y como defienden los productores de biodiésel integrados en la asociación APPA Biocarburantes.

Es más, para esta compañía los efectos "serán peores", pues se sustituirán importaciones de petróleo por el de productos más caros. En cualquiera de los casos, de aplicarse el mecanismo, CLH pide que sea de forma transitoria y que se limite a un porcentaje del mercado. Asimismo, alerta sobre los contratos de almacenamiento de biodiésel que gestiona y que se verán perjudicados.

Las reticencias de las petroleras a la exigencia legal que impone la directiva europea de mezclar gasolinas y diésel con biocarburantes son conocidas. En sus alegaciones, la AOP ya solicitaba que el objetivo global de mezclas y el de las gasolinas se redujesen. Tras varias modificaciones seguidas, el Gobierno los ha dejado, en el caso de los globales, en el 6,2% para 2011 y el 6,5%, respectivamente, en 2012 y 2013.

Sobre la citada orden ministerial, esta asociación, que integran las grandes empresas del sector como Repsol o Cepsa, pedía una vigilancia estricta para evitar que fábricas con cuotas vendan biodiésel no producido en ellas y pedía un periodo transitorio de seis meses para la aplicación de la orden.

Para UPI, el sistema es una restricción de las fuentes de aprovisionamiento y redundará en una menor seguridad de abastecimiento. En este sentido, al igual que las otras asociaciones, considera que la lucha contra las importaciones desleales debe hacerse por los cauces legales establecidos por la Comisión Europea. Y considera que el mecanismo que el Gobierno quiere aplicar es "una invasión de la competencia exclusiva de la UE en materia de política comercial con terceros países" y pide una cantidad mínima de cuatro millones de toneladas.

También para UPEI la iniciativa restringe la competencia. Y respecto al establecimiento de cuotas que han aplicado otros países, como Italia o Francia, y en los que se apoyan los productores de biodiésel para solicitar los cupos, considera que no hay evidencias de que hayan beneficiado a la industria local y en algún caso, como el de Bélgica, ha sido cuestionado legalmente.